Pese a que en su momento el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional marchaba por buen rumbo, se han detectado irregularidades que ponen en duda la legitimidad del proceso. En NotiMundo al Día, Ramiro García, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, lamentó que las intenciones de la política y el crimen organizado nuevamente minen la posibilidad de una depuración de la función judicial.  

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Como parte del comité de expertos dentro del concurso para la selección de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), García lamentó que el buen camino por el que transitaba el proceso ahora se haya desviado. A su criterio, el concurso está dando cada vez más de lo que hablar y se constituye como «un barco que, así como va, difícilmente va a poder llegar a puerto».

Alertó que, entre algunas de las irregularidades detectadas, están las calificaciones, recalificaciones y una estructuración inadecuada de los tribunales de calificación. «Evidentemente se quiere meter la mano en la designación (de jueces), la pregunta es: ¿quién está detrás de esto?», cuestionó.

Tres jueces remueven del cargo al Presidente del TCE

Tres jueces electorales removieron de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a Fernando Muñoz, en una incidentada sesión que se realizó de forma extraordinaria. Para García, lo acontecido en el TCE «no tiene presentación» e insistió en que la remoción de Fernando Muñoz de la presidencia del organismo muestra un total desapego al ordenamiento jurídico. En el ámbito preelectoral, lo ocurrido preocupa de sobremanera, sostuvo el jurista.

Alertó que la nueva mayoría en el TCE podría beneficiar al presidente de la República, Daniel Noboa, pues desde varios espacios se ha denunciado la cercanía de los magistrados con el Ejecutivo. Además, lo acontecido se dio luego de una denuncia por presunta violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad, en contra del primer mandatario. «Esa sería una de las consideraciones por las que se actuó de esta forma tan arbitraria», acotó.

García lamentó que la ambición de las organizaciones políticas se centre en querer controlar la función judicial, pues al tener cooptados a jueces se pueden controlar procesos eleccionarios, demandas que podrían derivar en suspensión de derechos políticos, etc.

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