Según la Fiscalía española, los hechos investigados revelan que «se llevó a cabo una campaña internacional de imagen» para trasladar al mundo «un relato único y sesgado de la situación de Cataluña».
Este lobby llegó a reclutar para la causa independentista a «personajes más o menos conocidos del panorama internacional» que se movilizaron -vía redes sociales, fundamentalmente- en favor de la causa independentista.
Durante varias semanas Assange apoyó mediante mensajes y videoconferencuas el referéndunm de autodeterminación convocado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.
La Fiscalía destaca el papel del fundador de Wikileaks, cuya adhesión considera que «no ha sido espontánea». De hecho, Assange ha seguido atacando a Mariano Rajoy hasta ayer.
Assange se refugió hace cinco años en la Embajada de Ecuador en Londres como forma para evitar su eventual extradición a Suecia, donde afrontaba cargos por supuestos delitos sexuales que él negaba.
El Presidente, Lenín Moreno, aseguró el pasado 27 de septiembre que su Gobierno mantendrá el estatus de asilo otorgado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pero opinó que quizá el australiano está sobrepasando esa condición.
«Le hemos pedido, de una manera cordial, que deje de opinar de la política de Ecuador o de la política de países amigos, porque su condición no se lo permite», señaló Moreno en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.
De otra parte, el expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, compareció ayer en Bruselas para decir que se considera el «presidente legítimo» de Cataluña y que no está en Bélgica para pedir asilo político.
«No estoy aquí para pedir asilo político. Estoy aquí en Bruselas como capital de Europa. No se trata de política belga. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad», afirmó.
«Una parte del gobierno catalán se ha desplazado a Bruselas, entre ellos yo mismo, para hacer evidente el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la justicia española», dijo Puigdemont.
El expresidente catalán ha sido acusado por parte de la fiscalía del Estado de los delitos de rebelión y sedición, entre otros, que pueden ser castigados con hasta 30 años de cárcel, después de que el Parlamento catalán declarara la independencia el pasado viernes.
Puigdemont aseguró que el resto del Gobierno depuesto se quedará en Barcelona, incluido el vicepresidente cesado Oriol Junqueras, «haciendo la actividad política como miembros legítimos del Gobierno de Cataluña».
Sin embargo, no especificó por cuánto tiempo piensa permanecer en la capital belga alejado del resto de miembros del Gobierno cesado.
Y aunque aseguró que acata la justicia española, también dijo que «si hubiera garantías inmediatas de un tratamiento justo, si me permitiera un juicio justo, independiente, con separación de poderes, lo que vemos en la mayoría de países europeos, sin duda retornaría de manera inmediata».
Puigdemont dijo también que acatará el resultado de las elecciones que el gobierno español ha convocado para el próximo 21 de diciembre en Cataluña.
Puigdemont, y sus compañeros de Gobierno fueron citados a declarar mañana y el viernes como investigados en la Audiencia Nacional de Madrid, anunció este tribunal ayer.
Además, la jueza instructora ordenó el pago en un máximo de tres días de una fianza conjunta a los catorce investigados de 6,2 millones de euros. En caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes.
Varios de los catorce integrantes del Gobierno catalán destituido, entre ellos Puigdemont, se encuentran desde el lunes en Bruselas, adonde acudieron para poder actuar «con libertad y con seguridad», según explicó el líder independentista en una rueda de prensa.
El fiscal general del Estado español presentó una querella contra ellos, ahora aceptada por la Audiencia Nacional, acusándolos de rebelión y sedición, delitos penados con hasta 30 y 15 años de cárcel respectivamente, por impulsar un proceso de secesión en esa región del noreste de España.
Los políticos secesionistas catalanes admitieron ayer que la proclamación de la independencia había fracasado y empezaron a cruzarse reproches por ello.
Cuatro días después de que el Parlamento catalán proclamara la secesión, la nueva república catalana no controlaba fronteras, ni recaudaba impuestos y sus funcionarios trabajaban para el Gobierno central, que intervino la administración regional sin hallar resistencia, como había temido.
