Ecuador vive su quinto día de paro nacional, sin que todavía exista una ruta clara que defina el fin de las protestas. Desde el Gobierno, se asegura la disposición a dialogar, mientras que desde el sector indígena, principal protagonista de las movilizaciones, existe la negativa para continuar con conversaciones que, según afirman, no han tenido resultados.

En Más Allá de los Hechos, Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad, insistió en que las puertas del diálogo continúan abiertas para todas las organizaciones sociales, sin excepción, y muestra de ello es el mensaje del presidente Guillermo Lasso durante la noche del 16 de junio, donde nuevamente planteó una conversación propositiva y que busque un acuerdo definitivo con los manifestantes.

Sin embargo, fue enfático en que no se puede tolerar la violencia y el caos como mecanismo para conseguir respuestas ante las demandas presentadas. Castanier expresó que las pérdidas económicas que genera cada día de paralización, no solo afectan al Gobierno, sino a la población en general, debido a que no se pueden comercializar productos o cumplir con las labores necesarias para generar recursos para el sustento familiar.

El Secretario de Estado recordó que en junio de 2021 fue delegado para recibir de parte de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, el pliego de peticiones, «que ellos llaman mandatos», y que algunos de ellos ya se han cumplido, como el congelamiento del precio de los combustibles, a excepción de la gasolina Súper, que la utiliza cerca del 10% de la población. No obstante, indicó que existen otros temas que resultan inviables por su falta de legalidad, como la moratoria a todos los créditos del sistema financiero nacional durante un año. «Eso va en contra de la ley; no se puede hacerlo», apuntó.

Para esto, dijo Castanier, se crearon los créditos al 1% de interés a 30 años plazo, con el objetivo de brindar el alivio económico a más de 4 millones de familias en el país. Aseguró que «el Gobierno está dispuesto a una agenda de trabajo para construir», y que no se ha minimizado la protesta social desde el Ejecutivo, como se ha señalado desde varios sectores de la sociedad. Afirmó que durante una pasada reunión con Iza y la dirigencia indígena, el presidente Lasso solicitó crear una comisión interlocutora para trabajar en los temas, a lo que la Conaie se negó. «Un diálogo, no puede ser con imposiciones, sino con consensos», puntualizó.

Recalcó que el cuarto punto de las demandas indígenas, donde se solicita la el pago a las deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess) «puede ser un punto de encuentro», ya que se busca solucionar el fondo del problema y no medidas parche al problema de gobernabilidad que mantiene la institución. Insistió en que hay problemas en la actualidad, «pero los países, frente a los problemas, no apagan la luz y cierran la puerta», por lo que hizo exhortó a las organizaciones sociales a articular acciones que permitan dar trámite a gestiones que beneficien a la mayoría de los ecuatorianos.

Castanier lamentó que durante esta semana el riesgo país ha subido en 100 puntos, lo que significa un aumento de intereses y que se ahuyente la inversión. Sostuvo, además, que estas movilizaciones cuentan con financiamiento, que al momento se investiga para determinar a los responsables.

De su lado, Lenin Sarzosa, abogado de Leonidas Iza, negó que lo que se busque con las movilizaciones es desestabilizar al Gobierno, sino que su agenda de lucha se rige a los 10 puntos expresados en el documento que fue entregado al Ejecutivo. Manifestó que lo que se está ejerciendo es el derecho a la resistencia, «frente al poder público que no atiende las demandas sociales».

Informó que desde la dirigencia indígena se ha decidido que se realizará un control de actos de vandalismo y violencia, para que la lucha no sea deslegitimada frente a actos vandálicos que se generan durante la jornada de protestas. »

Estamos en el quinto día de medidas de hecho, no tenemos respuestas y por el contrario, tenemos ataques y minimización a lo que hemos planteado», criticó.

Sarzosa informó que se ha presentado una denuncia en contra del Presidente Lasso, y los ministros de Gobierno, Defensa y del Interior, por la detención «ilegal» de Iza, y denunció que durante su arresto hubieron delegados del Gobierno que mencionaron que quedaría en libertad si la movilización quedaba de lado.

Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, rechazó el vandalismo que se ha generado durante esta semana de paralización, que ha afectado en gran parte al sector productivo del país, y denunció que desde el primer día de movilizaciones han sido víctimas de presiones y amenazas para plegar al paro.

«Estamos sorprendidos que el Presidente llame al diálogo, y está bien que lo haga, pero tiene que utilizar la fuerza», expresó el empresario, pues dijo que se debe distinguir entre una movilización y una jornada de cometimiento de delitos que atentan contra la seguridad y la integridad de la ciudadanía.

Martínez señaló que durante esta semana de paralización se han generado pérdidas que ascienden a los USD 12 millones, y que «el diálogo tuvo que hacerse en su momento, por parte de asambleístas de Pachakutik» para dar cumplimiento a las demandas que ha presentado el sector indígena.

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