Aclaró que la eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión que se la está evaluando con mucha responsabilidad, pero que no existe nada definido hasta el momento. No obstante, reconoció que las pérdidas económicas que esta medida deja se aproximan a los USD 3.000 millones cada año.
En este sentido, explicó que se evalúan alternativas de ajuste en el sector público, ratificando el anuncio que hizo el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, sobre que se tiene previsto reducir la nómina del Gobierno para «ajustarse el cinturón», como lo ha dispuesto el presidente de la República, Daniel Noboa.
Asimismo, Vega reveló que se han descubierto una gran cantidad de contratos ocasionales suscritos a «última hora» en el mandato de Guillermo Lasso, tanto en empresas públicas, así como en la Función Judicial o incluso en los propios ministerios.
Precisó que los ajustes no se harán solo con despidos, sino también en empresas que no son rentables, como Petroecuador, a la cual se aplicarán cambios «muy drásticos» para convertirla en una compañía pública de clase mundial.
Una de las medidas fundamentales, explicó Vega, es la reducción del gasto corriente, con lo que se aspira tener un ahorro de USD 1.000 millones. Por otro lado, desmintió que se esté planeando la venta de reservas de oro, y recordó que eso es un activo del Banco Central. «Lo que se está haciendo, de acuerdo a estudios técnicos, es cambiar sus reservas de oro por reservas líquidas, que en un esquema de dolarización es lo correcto», apuntó.
Destacó que, con la Ley de Eficiencia Económica, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, se producen mayores ingresos a la caja fiscal, haciendo sacrificios en el sector privado. En cuanto a la posible fijación de nuevos impuestos, anunció que «hay medidas que en momentos de emergencia hay que tomarlas para cubrir el gran bache», agregó.
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