Sin embargo, Falconí sostuvo que esto no soluciona el problema de fondo que tiene que ver con la falta de seguridad jurídica de lo que va a pasar en el proceso.
Por otra parte, Falconí lamentó que, pese a que los operadores tienen un fondo de servicio universal, que es el 1% de los ingresos facturados y percibidos, este no ha sido usado por parte del Gobierno, “ha ido a las arcas fiscales, y no se ha usado en lo que debía ser”, dijo en referencia a la conectividad del país en zonas rurales.
En este sentido, recalcó que se trata de un fondo de “más de USD 350 millones”.
“Si la conectividad en las zonas rurales es deficiente, es porque el Estado no ha sido capaz de tomar ese dinero que está orientado a llegar a esas zonas rurales para incrementar servicios”, concluyó.
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