Nicky Bravo, coordinador Nacional del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ecuador, mencionó que la lucha social determina que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar una cultura preventiva sobre el uso del alcohol, tomando en cuenta que los menores son las principales víctimas del alcoholismo y sus efectos de violencia.
La reforma constituye un retroceso a los avances en materia de derechos; el 53% de violencia de género y contra la mujer, niñas y adolescentes está ligada al alcoholismo; lo que sale en televisión, en muchos casos, provoca acciones y normas de comportamiento, por tanto, dijo.
Entre tanto, Fransheska Cantó, de 16 años de edad, coordinadora del Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador, aseveró que están conscientes de la importancia del deporte a nivel nacional, por la euforia y alegría que causa en la población y los recursos que la actividad genera, pero no cree que se debería abrir espacios publicitarios en medios para bebidas de moderación. El alcoholismo es directo responsable de violencia familiar, embarazos prematuros y violencia sexual, eso hay que combatir, enfatizó.
Hablo a nombre de cientos de niñas y niños que viven la realidad de padres separados como consecuencia del alcohol, de chicos que padecen discapacidad por la cerveza, de los embarazos no deseados. La Ley de Comunicación, construida con plena participación de la gente, reconoce el interés de los grupos vulnerables, entre ellos, niños y adolescentes y posibilitó bajar los altos niveles de consumo de alcohol y en esa línea tenemos que avanzar y no retroceder, subrayó.
Los niños jugamos aprendiendo, aprendemos en función de lo que vemos y de las cosas que nos rodean, pasamos la mayoría del tiempo solos porque nuestros padres salen a trabajar, entonces, cómo y quién controlaría lo que vemos en la televisión, preguntó.
De su lado, Judson Merizalde, de los movimientos que defienden los derechos de la niñez, sostuvo que en toda política pública y procesos de legislación hay que considerar el interés superior de los niños y adolescentes, consagrado en la Constitución y los convenios internacionales. La situación de crisis en el fútbol nacional obedece a las malas administraciones dirigenciales, porque no se puede argumentar ese tema para implementar una reforma a la Ley de Comunicación.
Gustavo Landívar, presidente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (ADILE), señaló que permitir mayor difusión en la publicidad para las bebidas de moderación, además de ser discriminatorio con el sector productor licorero, privilegia a un monopolio multinacional. Si el objetivo de la reforma es apoyar a financiar la estructura financiera de los clubes deportivos del país, se podría incluir a todo el sector licorero como parte de esta nueva regulación, de lo contrario se evidenciaría un trato discriminatorio y sería preferible el archivo en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia y la salud pública, dijo Landivar.
Los parlamentarios Gabriel Rivera y Miguel Ángel Moreta coincidieron que la prohibición de publicidad de bebidas toca únicamente a las herramientas tradicionales de comunicación, dejando en total libertad a las redes sociales.
