En Notimundo al Día, Guadalupe Llori, asambleísta por Pachakutik (PK), señaló que la denuncia del presunto cobro de diezmos, presentada por la legisladora de UNES Johanna Ortiz, ya se la ha hecho por tres ocasiones, de las cuales dos fueron cuando ocupaba la presidencia de la Asamblea Nacional.
Por ello, calificó al proceso como «una clara aberración de persecución política« en su contra, llevada a cabo por el correísmo y que se remonta a 2007, cuando fue encarcelada por 11 meses por el delito de terrorismo y sabotaje mientras era prefecta de la provincia de Orellana. «Fui destituida del cargo de Presidenta de la Asamblea y ahora quieren destituirme como asambleísta», lamentó.
Llori aseguró que su movilización como Presidenta la hacía en los vehículos que eran asignados por la Administración General, y negó que haya cobrado montos de dinero a sus colaboradores, como se la acusa. «Jamás he solicitado recursos para pagar ningún vehículo y no se ha probado eso; cuando le preguntaron a Roxanna Meza (especialista de servicios generales), si solicité recursos, dijo que no», apuntó.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tiene 5 días para poner en conocimiento al pleno del Parlamento la resolución para que sea votada. Llori, por su parte, asegura que se mantendrá en su cargo «hasta el último» y expresó que espera la solidaridad de sus compañeros para que no la destituyan. «Soy inocente de todo lo que se me acusa», puntualizó.
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