Cerca de cumplir dos años en el poder, el presidente Guillermo Lasso enfrenta la crisis más intensa de su gobierno. El crimen organizado, la penetración del narcotráfico en la clase política y los constantes intentos de la oposición para removerlo del cargo hacen que el Primer Mandatario deba plantear un giro de timón urgente, que va más allá de los cambios en el gabinete, y que requiere una hoja de ruta definida para devolver la estabilidad al país.

En Decisiones con Jorge Ortiz, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, fue enfático en manifestar que la democracia debe prevalecer más allá de los aciertos o errores que puede haber cometido el gobierno del presidente Guillermo Lasso, y rechazó que desde la Asamblea Nacional se busque un nuevo proceso de destitución, «sin siquiera saber por qué acusarlo». Rechazó que en medio de los problemas urgentes que tiene el país, como el de la inseguridad, se esté distrayendo la atención en los afanes de «conspiración».

Señaló que desde que asumió la titularidad del Ministerio de Gobierno, se ha enfocado en tratar de esclarecer varios asuntos, así como de aceptar las críticas que se han generado desde varios sectores, pero adelantó que el país no puede volver a paralizarse y afrontar pérdidas millonarias, como las registradas en el paro nacional de junio de 2022. Reconoció que el Gobierno «siempre debió haber reaccionado», ante los levantamientos que ponen en riesgo la estabilidad democrática, pues no pueden existir un interés particular que esté por encima del general.

Cucalón dijo que al momento se están analizando los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con el movimiento indígena, pero criticó que se caiga en «simplismos» de decir que ninguno de ellos se ha cumplido, como se escucha desde algunas voces de sus líderes, para bajo ese pretexto buscar desestabilizar al Gobierno Nacional.

Anunció también que durante la reunión que mantuvo con Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, se planteó trabajar en algunas áreas, sobre todo en la enmienda parcial a la Constitución, para permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. «Ese puede ser un punto de convergencia entre todas las fuerzas políticas», apuntó.

Ante un escenario adverso de ingobernabilidad, explicó que la herramienta de la muerte cruzada «está siempre sobre la mesa» del Primer Mandatario, y reconoció que pudo haber aplicado esa figura luego del proceso de vacunación, cuando tenía altos índices de aceptación, para «recomponer el tablero político». No obstante, insistió en que la inestabilidad política ocasionaría una mayor crisis para el país, por lo que llamó a la racionalidad de todas las funciones del Estado para trabajar en beneficio de la población.

Cucalón consideró que su designación como Ministro de Gobierno responde a la lectura del Presidente respecto al mensaje de la ciudadanía, expresado en la jornada de elecciones del pasado 5 de febrero y donde el ‘NO’ venció en la consulta popular que impulsó el Ejecutivo. Adelantó que espera contar con el respaldo de las autoridades de Gobierno para ejecutar los cambios y políticas que se requieren, caso contrario dejaría inmediatamente el cargo. «El país está primero, y no podemos jugar con él», puntualizó.

Para el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, es complicado que este o cualquier Gobierno del mundo se sostenga en un ambiente donde convergen intereses criminales y políticos, y que conspiran de forma constante. Recordó que durante las dos últimas décadas, la economía criminal ha financiado campañas electorales, «como la de Rafael Correa en 2016, que recibió aportes de las FARC».

Explicó que el narcotráfico financia a diversos candidatos de distintas posturas, y que se sostiene en países como México, Colombia y ahora en Ecuador, gracias al soporte de los políticos. «Tenemos una clase política contaminada, no solo por el narcotráfico, sino también por la delincuencia organizada», apuntó.

Al ser consultado sobre si es aliado al Gobierno, aseveró que lo es «de las cosas buenas», por lo que no puede aliarse con quien sostiene en su estructura a sus enemigos, como los correístas. «Hasta hace siete días (que asumió el ministro Cucalón), tenía un caballo de Troya, como Francisco Jiménez», enfatizó y acotó que ahora el exministro «casi que se convierte en abogado del prófugo (Rafael Correa)».

Aseguró que tres días antes de las elecciones seccionales y el referéndum, se ordenó desde Carondelet a cinco Gobernaciones que se suspenda el control electoral de la consulta popular, aunque precisó que la orden no salió del presidente Lasso.

Asimismo, afirmó que el propio exministro Jiménez le confirmó que existió una especie de acuerdo para otorgar el hábeas corpus que concedió la liberación del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. «El problema de Guillermo Lasso es que tuvo y tiene al interior del Gobierno a sus propios enemigos», sentenció.

De su lado, Raúl Andrade, analista político y articulista de revista Vistazo, señaló que el país está acostumbrado a aplicar soluciones «parche», sin hacer un análisis de lo que realmente sucede. Por ello, consideró que es importante conocer cómo se ha llegado a esta crisis y en base a eso plantear alternativas, caso contrario se sigue con la forma reactiva y no propositiva de afrontar los conflictos por parte del Gobierno.

Planteó que las alternativas para cambiar el rumbo del país pasan por crear espacios de opinión y una cultura ciudadana que permita comprender que las soluciones van más allá de las personas. «Aquí no se está defendiendo a Lasso sino la institucionalidad; no se está atacando a determinado partido político, sino a una forma corrupta de manejo político», añadió.

Insistió en que la nueva etapa que ha planteado el nuevo ministro de Gobierno debe hacerse con celeridad, pues la anterior tuvo demasiados errores. Acotó que Lasso debe dejar de pensar que puede llegar a acuerdos «bajo la mesa», con quienes no están dispuestos a generar cambios, sino que debe centrarse en acciones percibidos por la población sobre a dónde quiere llevar al país. «A dos años de gobierno, el Presidente no ha delineado hacia dónde quiere llevarle al Ecuador», manifestó.

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