En Notimundo al Día, Sofía Almeida, consejera Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), aseguró que cinco informes de auditoría, emitidos por la Contraloría General del Estado, han desvirtuado las acusaciones que hizo el presidente destituido Hernán Ulloa, sobre presuntas irregularidades en la contratación logística y comunicación para concursos para la selección de autoridades.
Según Almeida, las «mentiras» proferidas por Ulloa, durante su defensa en el juicio político a los consejeros de mayoría del Cpccs, constituyen una falta a la institucionalidad del organismo y a los intereses de la ciudanía, por lo que anunció que iniciará las medidas legales pertinentes y que el martes 22 de noviembre entregará en la Fiscalía General del Estado esa y otra documentación sobre la administración de Ulloa y de la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, que ha recabado durante los últimos meses.
.@SofiaAlmeidaEc: «Se ha faltado a la institucionalidad del @CpccsEc y a los intereses del pueblo ecuatoriano. Cuando uno acusa de algo debe tener pruebas. @HernanUlloa denuncia irregularidades cuando ya se va, ¿por qué no lo hizo antes?»
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— NotiMundo (@notimundoec) November 21, 2022
La consejera dijo que cuando se emiten acusaciones en contra de una persona se lo debe hacer con documentos que sustenten el hecho, pero que Ulloa ha denunciado los presuntos sobreprecios, una vez que fue destituido por la Asamblea Nacional. «¿Por qué no lo hizo antes de manera formal, como yo sí lo tengo para hacer?», cuestionó. Asimismo, señaló que estas declaraciones se dan a puertas de la consulta popular que plantea el Gobierno para 2023, «con el objetivo de quitarle funciones (al Cpccs) o eliminarlo».
Almeida aseguró que los contratos a los que Ulloa se refiere correspondían a toda la fase de los concursos en cuestión, y no a la fase inicial que es la que él contrató por un monto inferior, como lo aseguró en sus declaraciones en el Pleno legislativo. Expresó que las convocatorias o avances de los concursos tienen la obligación de ser comunicados a la ciudadanía, pues son parte de los requisitos que contempla la ley.
Afirmó que el juicio político en contra de los cuatro consejeros fue porque, posiblemente, estaban involucrados en temas de carácter penal. «Si el consejero Ulloa tenía esa información desde un inicio, debió haber hecho lo que estoy haciendo y denunciar a las entidades correspondientes», puntualizó.
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