La propuesta busca, además, evitar la especulación en la transferencia de bienes inmuebles y fortalecer la autonomía financiera de los municipios y distritos metropolitanos. El proyecto establece que se pagará el impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de bienes inmuebles, cuando haya ganancia extraordinaria, en la segunda venta. Si esa ganancia supera los 24 salarios básicos unificados, cancelará el 75%. En cambio, el pago será cero cuando exista una ganancia ordinaria.
Para el segundo debate se incluyó el tema de la minusvalía, de modo que si una obra pública baja el valor del suelo, se compensará cuando el monto sea superior al 30%.
En el texto se argumenta que el suelo es un bien limitado que no se puede reproducir, por lo que se genera un efecto de competencia monopólica que le permite al dueño retener el suelo hasta que incremente su valor, lo que genera procesos de exclusión y marginación de las personas de escasos recursos e impide el acceso a una vivienda propia. Una de las principales herramientas para regular esta problemática se encuentra en los mecanismos de captura de plusvalía o renta de la tierra.
La totalidad de la recaudación será para cada Municipio o Distrito Metropolitano, que se destinará a la infraestructura integral de saneamiento ambiental y al mejoramiento de agua potable y alcantarillado. La iniciativa beneficiará a 221 municipios del país.
