En su afán de llevar a un juicio político a la Fiscal General del Estado, el correísmo ha develado sus intenciones de poner a alguien afín a sus intereses en el cargo, concluyeron cuatro panelistas en Decisiones con Jorge Ortiz.

Ismael Quintana, abogado constitucionalista, consideró que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no debía dar paso a la suspensión temporal del proceso de juicio político contra la fiscal Diana Salazar, por varios motivos.

Una de las principales razones es que el pronunciamiento del Procurador General del Estado sobre el cual se tomó la decisión no ha sido público, y deja en abierta la posibilidad de tener varias interpretaciones.

Además, Quintana insistió en que la fiscal Salazar nunca solicitó la suspensión del juicio, sino que buscaba que se garantice un proceso que respete la Constitución.

Añadió que el trámite debería culminar en la propia legislatura, para que se demuestre la carencia de pruebas y motivos por los cuales la quieren enjuiciar, y su victoria sea aún más contundente. «La Fiscal no solo tiene los votos, sino todos los elementos de derecho para sacarles la madre en el Pleno», sentenció.

El periodista Francisco Rocha compartió el criterio de que, si bien se debe precautelar la integridad de la Fiscal en un embarazo que se ha considerado de alto riesgo, la suspensión del juicio político dejaría una lectura de que tampoco está capacitada para ejercer su cargo.

Agregó que Salazar tiene todos los elementos para defenderse de las acusaciones del correísmo y desestimar el supuesto incumplimiento de funciones del cual la quieren hacer responsable.

Por otro lado, indicó que la postura de Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización y quien autorizó la entrada de su excoideario Ronny Aleaga durante la comparecencia de Salazar en esa mesa legislativa, deja en evidencia que tanto ella como otros asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) están en el cargo para cumplir órdenes de actores externos, en este caso particular, de su líder Rafael Correa.

Para Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, la fiscal Salazar cuenta con un respaldo irrestricto de la ciudadanía, por ser «la única autoridad que no ha decepcionado», y esto la fortalece frente a las pretensiones de los actores políticos que buscan removerla del cargo.

Frente a la próxima reactivación del proceso de juicio político, expresó su preocupación por la tibieza del Gobierno respecto de este tema. A su criterio, en la búsqueda por la reelección de cara a las elecciones de 2025, Daniel Noboa y su bloque parlamentario estarían haciendo cálculos políticos para definir su postura.

Peñafiel también alertó una posible estrategia respecto de la sanción contra Pamela Aguirre por intentar recibir en comisión general al prófugo Aleaga, procesado en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada, y dijo que desde el Gobierno también se estaría haciendo cálculos para conformar la comisión que tratará los temas relacionados con la consulta popular que deben pasar por la Asamblea y de la cual la bancada Construye no tendría participación.

De su lado, el abogado penalista Ramiro García, insistió en que la persecución a Diana Salazar viene desde el propio Rafael Correa, quien «nunca le perdonará» haberlo sentenciado y dejado de la política nacional.

Finalmente, alertó que el país deberá estar vigilante de quien reemplace a Salazar en el cargo, pues culmina su período en 2025 y sería esta la oportunidad perfecta que busca este y otros grupos políticos para poner en manos de operadores del crimen organizado una responsabilidad tan alta como el puesto que ostenta.

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