Con 7 asambleístas asistentes de 12, la Comisión de Fiscalización sesionó para dar a conocer el informe sobre juicio político en contra del Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa.

El informe preliminar, según comunicó la presidenta María José Carrión, recomendaba dar paso al juicio político. A pesar de que la sesión estaba solicitada a las 15:00, la misma inició a las 15:50 y se dio a conocer el informe de 80 páginas que se había elaborado tomando en cuenta las pruebas de cargo y descargo que presentaron tanto los asambleístas proponentes de juicio político, Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta (CREO), como el funcionario.

Dentro del informe preliminar presentado se tomaron en cuenta varios aspectos en contra de Ochoa: modificación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), censura por la modificación, el caso de Teleamazonas.

Los asambleístas también presentaron sus observaciones en torno a este informe. Si bien el informe da paso a juicio político, será el Consejo de Administración Legislativa el que tome la decisión sobre enviar a la Fiscalía General del Estado en caso de encontrarse responsabilidades penales.

Dentro del informe no se tomó en cuenta el caso de Gama porque para la fecha Ochoa no ejercía cargo público. “Sin embargo, siempre queda la consideración de no dejar de lado el análisis hacia futuro, para considerar que aquellas entidades que han sido fundadas en el sector privado y han pasado a ser parte del sector público, deberían tener las mismas consideraciones de bienes públicos”, dijo Carrión.

Lourdes Cuesta dijo estar segura de contar con los votos tanto para la aprobación del informe como para que el pleno concuerde con la censura y destitución.

Además que este tema no se quede en la Asamblea Nacional sino pase a competencia de la Fiscalía General del Estado. Para Lira Villalba (RC) el informe debe ser lo suficientemente sustentado. Añadió que por ser el último día plazo para entregar el informe, deberá aprobarse hoy mismo y remitirse al presidente Jose Serrano. “Debe valorarse dentro de un punto de vista objetivo.

La valoración deberá ser objetiva e imparcial siendo antecedente de la seguridad jurídica del país”. Una vez aprobado el informe, fue remitido a la Presidencia por la noche para que se dé a conocer a los 137 asambleístas. Presidencia tendrá 48 horas para establecer día y fecha del juicio político.

Fuente: El Telégrafo