Sánchez recordó que el proyecto inicial fue presentado por la Defensoría del Pueblo, después de una sentencia de la Corte Constitucional (CC), pero luego fue unificado con otros tres proyectos propuestos desde la Legislatura.
En el informe para primer debate se hizo un análisis de los artículos «extremistas» que provenían de corrientes ambientalistas, y se dejaron fuera aquellos que ponían en riesgo la producción de sectores que comercializan con animales de consumo humano.
Para el informe se eliminaron también temas como la atención psicológica que se pretendía imponer a quienes están en los procesos de faenamiento.
Lo que se ha priorizado, dijo Sánchez, es la atención a animales domésticos y la fauna silvestre. Además, se eliminaron otros artículos como el que contemplaba la prohibición de la pesca deportiva. En cuanto a la problemática de animales callejeros, la legisladora insistió en que se debe trabajar en conjunto con las ordenanzas que deben implementar los gobiernos locales.
Denuncias contra el sindicato del IESS
Por otro lado, respecto de las denuncias registradas en contra del sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Sánchez lamentó el sistema de corrupción que se ha evidenciado a la interna y que ha sido denunciado a los legisladores del Azuay. «Esto tiene connotación nacional; la secretaria del Sindicato (Rosa Argudo) maneja esto a nivel nacional», acotó.
Las irregularidades que están en la mira de los asambleístas tienen que ver con el manejo cuestionable de los aportes que hacen los trabajadores, además de una posible injerencia para la nominación de altos cargos jerárquicos.
El poder de Argudo es tal, que quienes denunciaron en su momento fueron desvinculados, afirmó la asambleísta. «Hemos activado el proceso en Contraloría, en la UAFE y el Ministerio del Trabajo; la Fiscalía debe investigar todo lo que sucede en el mal manejo del sindicato», acotó.
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