Los distintos frentes que se han abierto en contra de la fiscal Diana Salazar dan muestra de la intención de ciertos sectores políticos para removerla del cargo. En Notimundo al Día, José Chalco, abogado constitucionalista, explicó que las intenciones de los actores que están detrás del proceso serían ilegales y que van en contra del orden constitucional, por lo que este tema debe tratárselo como un asunto de Estado.

En Notimundo al Día, José Chalco, abogado constitucionalista, señaló que en el afán de destituir a la Fiscal General del Estado queda demostrada una serie sistemática de intentos por desestabilizar a esta institución, por parte del Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), los cuales no tienen competencia para remover a Diana Salazar del cargo.

Chalco insistió en que entre las atribuciones del Cpccs no consta fiscalizar a autoridades como Salazar, sino que básicamente su competencia consiste en designar a las autoridades de control. «Es una falacia que exista poder de controlar y fiscalizar para generar algún efecto jurídico real y válido», apuntó.

Asimismo, explicó que en este caso existe un agravante, que es la arrogación de funciones que no son de su competencia, al tratar de tomar el lugar de la Asamblea Nacional, que sí tiene la facultad de evaluar las acciones del titular del Ministerio Público. Eso, añadió, está penado con pena privativa de libertad.

Mientras tanto, el CJ sí puede sancionar y suspender a funcionarios, pero únicamente aquellos de la carrera judicial, según establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Por ello, insistió en que el intento por evaluar a la fiscal Salazar constituye un irrespeto al orden constitucional. «Esto no es cualquier cosa, es un asunto de Estado», apuntó Chalco.

Análisis de la Reforma Tributaria por parte de la CC

Este martes, la Corte Constitucional realizará la primera audiencia donde se analizará el decreto ley en materia de urgencia económica, remitido por el presidente Guillermo Lasso, con la reforma tributaria para bajar la carga impositiva a personas naturales.

Chalco explicó que en el momento extraordinario por el que se atraviesa, tras la disolución de la Asamblea Nacional, la CC lo que debe hacer es pronunciarse sobre el proceso constitucional y no puede valorar la urgencia económica.

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