Alarcón recordó que ella fue la proponente de uno de los juicios que se archivaron, en contra del exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, a quien calificó como uno de los peores durante el gobierno de Guillermo Lasso. Las supuestas falencias en el manejo de los fondos del Estado, dijo la legisladora, son parte de los motivos por los que se debería censurar al exfuncionario, por parte de la Legislatura.
Según Alarcón, el objetivo de la acción de protección presentada y que derivó en la decisión de un juez para que se reactiven los procesos de fiscalización contra Arosemena y otros dos ex altos funcionarios, pretende también marcar una precedente, y evitar que nombres cuestionados puedan participar en algún proceso electoral. A Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública, y a Andrea Montalvo, extitular de la Secretaría de Educación Superior, se los acusa de incumplimiento de funciones, acotó.
Insistió en que Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, no es un vocero del poder Legislativo, para decidir si se acoge o no la resolución del juez, pues esa es una atribución exclusiva del Pleno parlamentario. En este sentido, acusó al funcionario de arrogarse funciones. «Al menos debería contar con una mayoría simple», acotó.
En este sentido, destacó la denuncia presentada por Mónica Palencia, ministra del Interior, donde se alerta ante la Fiscalía que se podría concretar un delito de acción pública, es decir, el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. No obstante, aclaró que no existe nombre en la denuncia, donde se aclara: “no denuncio a persona alguna, por tanto, ha de corresponder al peritaje forense determinar la identidad del sujeto”.
Alarcón insistió en que la negativa de ciertos legisladores para reactivar los juicios responde a un intento de «golpear» a los ministros del gobierno de Daniel Noboa, pues algunos de ellos también aguardan su turno para ser fiscalizados, como la propia ministra Palencia. Agregó que la sanción para quienes se nieguen a retomar los juicios podría incluir la destitución. La decisión se conocerá el 02 de septiembre, cuando la Asamblea conozca la sentencia escrita.
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