La violencia e inseguridad en las calles del país, así como las revelaciones de ciertas autoridades sobre la indiferencia del Gobierno frente a problemáticas sociales, ha desatado el debate sobre las acciones para hacerle frente al crimen organizado. Una de ellas es el denominado ‘Plan Ecuador’, con el que el Ejecutivo busca frenar la ola de delincuencia que azota al país.

Créditos: El País- Vicente Gaibor del Pino (REUTERS)

En Notimundo A La Carta, Luis Córdova, experto en Seguridad e Investigador de Orden, Conflicto y Violencia, manifestó que este proyecto debería apuntar a lograr que el Estado desarrolle mayor capacidad de infraestructuras en términos de servicios básicos y bienes públicos, esto, si es que se busca reducir el reclutamiento de la base social que está siendo utilizada por las organizaciones criminales para fortalecerse. 

Para Córdova, mientras eso no ocurra, se está consolidando un orden social y político a nivel local que podría denominarse un ‘oligopolio de coerción’ en donde ya no es el Estado el único que ejerce restricción sino también los denominados ‘ejércitos privados’ que, como en Esmeraldas, tienen atemorizada a la población, pero al mismo tiempo permiten que sigan fluyendo otro tipo de economías ilícitas.

Es decir, la escalada de violencia que ha experimentado el país en los últimos meses, no solo se debe a la injerencia del narcotráfico en barrios, calles y cárceles sino también a que el Gobierno ha descuidado atacar la desigualdad y condiciones de pobreza en los barrios marginales del Ecuador.

“El común denominador es que en América Latina todavía se impulsa un modelo extractivista que está muy empatado con violencia criminal y con violencia política. El Gobierno pretende que justifiquemos, bajo el concepto de guerra entre bandas criminales del narco, todo lo que ocurre en términos de criminalidad e inseguridad”, dijo al respecto.

En ese marco, Córdova explicó que, de todas las personas que fallecieron en 2021, el 27,47% de los asesinatos estuvo vinculado al narcotráfico, y la mayoría de todas las víctimas no tenían antecedentes penales, es decir, “solo 3 de cada 10 que fueron asesinados tenía relación con el mercado de la cocaína y otros estupefacientes”, resaltó.

Por otra parte, detalló que la estrategia del Gobierno para hacerle frente a la inseguridad y violencia, tiene dos brazos ejecutores. El primero, es una estrategia global cuyo marco operativo es la ley de asociación entre Ecuador y Estados Unidos que está en proceso de aprobación por parte del congreso de ese país. Aquí, los procesos de toma de decisiones en materia política, de todos los ámbitos, no solo de seguridad, van a pasar a estar definidos por un gobierno extranjero a cual calificó como “penoso” porque se está demostrando deficiencia e incapacidad en la gestión del Gobierno.

En segundo lugar, enfatizó en que, mientras no se logre quitar el poder económico a las organizaciones que trafican droga, no habrá forma de rivalizar con los ejércitos privados ni en tecnología ni en armas. “El principal opositor de la despenalización del consumo de drogas son algunas agencias federales de Estados Unidos que lucran de la lucha contra el narcotráfico”, precisó.

Finalmente, señaló que el Gobierno es parte de la disputa entre las bandas delincuenciales en las cárceles porque no está luchando contra ella, “por lo tanto lo que vamos a ver es un continuado ciclo de violencia dentro y fuera de las cárceles”, aseguró Córdova.

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