Si bien la corrupción no es un tema nuevo en el país, los escandalosos casos que saltan a la luz cada semana no dejan de ser noticia. Para varios expertos, el problema en el país se profundiza debido a la “normalización” de prácticas irregulares, a pequeña y gran escala, que se agravan por la impunidad que se genera con la falta de sanciones.

En Más Allá de los Hechos, Daniela Chacón, exvicealcaldesa de Quito y directora de la fundación Tandem, resaltó que la corrupción en Ecuador es un problema estructural, debido a que existe una cultura que promueve, en cierto modo, el incumplimiento a la ley. A esto se suma la impunidad, que se evidencia a pequeña y gran escala cuando no se castigan los actos que van en contra de la norma, lo que ahonda aún más la problemática en el país.

Chacón reconoció que estas prácticas no son ninguna novedad y se remontan al inicio de la época republicana, lo que hace inviable que se planteen soluciones únicamente en torno al sistema judicial, sino que se hace necesario trabajar en estrategias de prevención, no solo desde el área de la educación, sino en distintas instancias del Gobierno, precisamente para evitar que se consumen los hechos.

Los innumerables casos de corrupción registrados durante la última década, que tienen como resultado autoridades sentenciadas y prófugas de la justicia, profundiza la normalización de la cultura de impunidad y genera un sentimiento de pesimismo en la colectividad, sobre que estas prácticas no tienen solución, añadió. En este sentido, insistió en la necesidad de implementar mecanismos preventivos, como garantías para el acceso de la información y transparencia, en áreas puntuales donde es más propenso el cometimiento de delitos de corrupción.

Recalcó que uno de los métodos que mejores resultados han tenido a nivel internacional es el seguimiento por parte de organizaciones de la sociedad civil, para que se puedan vigilar procesos de contratación pública, por ejemplo, y así evitar que se cometan irregularidades.

Por su parte, Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, apuntó que «es necesario dejar de culpar a la prensa por todos los males», haciendo referencia a los cuestionamientos que se hacen desde las distintas esferas del poder a los medios de comunicación que denuncian o se hacen eco de casos de corrupción, con el objetivo de informar a la ciudadanía.

Insistió en la necesidad de que la ciudadanía se empodere de los procesos de contratación pública y control social, por ejemplo, para que se limite el campo de acción de la corrupción. Asimismo, destacó la importancia de la prensa en el proceso de transparencia e información para la ciudadanía, recordando que limitar su accionar es «ponerse la soga al cuello».

De su lado Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, indicó que esa organización ha denunciado cerca de 100 delitos de este tipo, luego de llevar a cabo sus propias investigaciones, «poniendo el pecho a las balas» y pasando del discurso a los hechos, «contrario a lo que hace la Secretaría Anticorrupción del Gobierno, que hace documentos y reflexiones».

Rodas explicó que existen proyectos políticos y económicos, «no solamente locales, sino transnacionales» que auspician a determinados grupos con tal de hacerse de contratos en el sector público, por ejemplo. A su criterio, el problema de la corrupción es un problema del poder, por lo que el rol de la sociedad civil y del periodismo de investigación es fundamental. «No es un tema fácil; hay desaliento para quienes nos involucramos en estos asuntos, pero hay que asumir con convicción la tarea que se ha asumido», apuntó.

Además, criticó que para quienes ponen en la palestra pública los casos de corrupción se llevan a cabo represalias en forma de procesos administrativos y denuncias en su contra. “Estamos en la época de los pájaros contra las escopetas”, enfatizó.

Finalmente, Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, el problema de la corrupción es sistémico, que se da «a través de la creación de dificultades para vender soluciones«. Además, recalcó que más allá de los recursos públicos que se pierden en estas prácticas, se dejan relegados a grupos humanos que deberían ser prioritarios para el Estado, debido a su condición de vulnerabilidad. «A veces, cuando hablamos de corrupción, pensamos solamente en el tema de los recursos públicos», acotó.

Para Buendía, la ciudadanía tiene una corresponsabilidad en esta problemática que va más allá de no participar en estos actos, pero insistió en que la competencia principal está en el Estado en el esquema de justicia y los distintos niveles de la administración pública.

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