Johanna Moreira, asambleísta por Izquierda Democrática (ID), aseguró que “quedó grande la oportunidad histórica que tiene el país con las víctimas de violencia sexual” y enfatizó en que los plazos impuestos no significan que las mujeres violentadas van a dejar de buscar la clandestinidad. “En los últimos ajustes tuvimos que sacrificar los plazos de mujeres de 18 años por mantener los periodos de las niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad para que las mujeres tengan la oportunidad de tener un plazo más amplio”.
El texto aprobado señala que el embarazo en casos de violación podrá ser interrumpido hasta las 12 semanas de gestación y, de manera excepcional, hasta las 18 semanas en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad.
Frente a esto, Moreira confirmó que hubo un “regateo” en los derechos de las víctimas de violencia sexual e hizo un llamado al presidente de la República, Guillermo Lasso. “Si viene un veto presidencial, será algo que nos permitirá construir una mejor ley en la que se podrían aprobar plazos más amplios que es una deuda histórica que tenemos con el país las mujeres agredidas”, enfatizó.
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