Sin embargo, horas antes de esta resolución, la fiscal general Diana Salazar, solicitó la prisión preventiva de los dos vocales así como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el grillete para el juez provincial Vladimir Jhayya.
En Notimundo Estelar, Dolores Vintimilla, informó que el juez consideró que la Fiscalía no justificó la pertinencia de las medidas.
Detalló que la mayoría de los 43 elementos de convicción de Fiscalía, son “memorandos y oficios que no dan cuenta de nada” y agregó que principales fundamentos de la entidad son la transcripción de un audio que no tiene una pericia mediante la cual se determine a quien pertenece cada una de las voces.
Agregó que el testimonio de la “supuesta testigo protegida” no es probo ni adecuado dentro de la causa pues se ha demostrado que ha faltado a la verdad en varias ocasiones.
Los tres funcionarios son señalados por una supuesta presión a jueces de la Corte de Pichincha, en el tratamiento de una acción de protección interpuesta por la exasambleísta Guadalupe Llori, en junio de 2022, para recuperar la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Aunque Barreno confirmó haberse reunido con los implicados, su defensa insistió en que “nunca se produjo un tráfico de influencias” y rechazó que la Fiscalía haya alterado la realidad de varias circunstancias dentro del proceso “en su campaña de linchamiento mediático”.
Además, Vintimilla denunció que la testigo protegida, Maritza Romero, quien no denunció el supuesto delito y, según dijo, se ha venido beneficiando de este proceso. “Le han dado carta abierta, con medidas de protección, para evitar sanciones disciplinarias por parte del CJ”, explicó.
Finalmente, manifestó que se acatarán a todas las pericias y a todos los elementos que conformen parte del proceso fiscal. Concluyó que en las pericias hay varias inconsistencias y descontextualizaciones.
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