El fiscal general Ramiro Guerrero requirió el lunes al Tribunal Supremo de Justicia que abra un juicio al exgobernante de 64 años, argumentando que durante su mandato (2003-2005) quitó las concesiones mineras a la empresa chilena Quiborax en el Salar de Uyuni, lo que ocasionó un daño al país. Quiborax demandó a Bolivia en 2006 ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
Este falló a favor de la empresa, que finalmente cobró hace un mes 42,6 millones de dólares de indemnización. Según el gobierno de Morales y la Fiscalía, el decreto de Mesa tenía fallas que favorecieron a la compañía chilena e imposibilitaron la defensa boliviana ante el CIADI.
Líderes opositores afirmaron que la decisión de llevar a juicio a Mesa obedece a una supuesta estrategia de Morales, en el poder desde 2006, de recurrir a cualquier mecanismo para eliminar a todo rival que amenace su aspiración de conseguir un nuevo mandato en las urnas el próximo año.
Mesa «está sufriendo los embates de la guillotina judicial de Evo Morales», que está «criminalizando a la oposición», afirmó el opositor exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002). Mesa es un historiador y periodista que se desempeña además como vocero de Bolivia en la demanda presentada por Morales contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en busca de una salida al océano Pacífico.
El oficialismo salió al paso de las críticas negando que la justicia sea instrumentalizada con fines políticos. La ministra de Comunicación, Gisela López, dijo en Twitter que el juicio de la fiscalía «es por el pago de 42M (millones) que nuestro país perdió por su aberrante violación de normas que benefició a una empresa chilena».
«Deje de hacer política en la plaza y defiéndase en el juzgado», lanzó en dirección del expresidente. «Nadie está persiguiendo a Carlos Mesa, si es inocente que se defienda», dijo a su vez el diputado oficialista Javier Quispe. Según el procedimiento legal, si el Tribunal Supremo acepta la petición de la Fiscalía debe solicitar al Parlamento que autorice el juicio de responsabilidades.
Si dos tercios de los 166 miembros del Congreso aprueban el juicio (Morales cuenta con esos votos), la fiscalía inicia el proceso, aunque no se ha informado cuánto tiempo tomaría.
Fuente: El Telégrafo
