Los cinco pedidos de juicio político en contra del exministro de Finanzas, Richard Martínez, calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en septiembre del 2020, pasarán a la Comisión de Fiscalización, y serían tramitados antes de conocer tres peticiones de interpelación en contra de los ministros de Trabajo, Andrés Isch, y de Salud, Juan Carlos Zevallos.

RICHARD-MARTINEZ
ESi la propuesta de Ecuador se acepta, la deuda en bonos, que representa el 32% de toda la deuda pública, bajará USD 1 540 millones. Crédito: Redes Sociales

El juicio contra Martínez lo presentaron los legisladores: Juan Lloret y Yofre Poma (RC); Vicente Taiano (PSC); Jimmy Candell (BIN); y, Raúl Tello (BADI).

La acusación transversal en el proceso contra Martínez es incumplimiento de funciones; alrededor de ello, los acusadores afirman que el funcionario no asignó recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados; incumplió en el pago de los incentivos a los jubilados del magisterio; afectó al presupuesto del sector educativo tanto al sistema inicial, básica, bachillerato y universitario; también lo responsabilizan de un supuesto mal manejo en las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria provocada por el COVID-19; y además, cuestionan que manejó mal el proceso de pago de la deuda externa.

Los pedidos de juicio político fueron calificados por el CAL, el 21 de septiembre de 2020, pero no se notificó a la Comisión de Fiscalización y según se conoció en la Presidencia de la Asamblea, la próxima semana los procesos pasarían a manos de los miembros de la comisión para su procesamiento, una vez calificado el juicio por el CAL. Martínez renunció al cargo el 7 de octubre, tras acompañar en el gobierno de Lenin Moreno, por dos años cuatro meses.

La Comisión de Fiscalización deberá concluir con el proceso de juicio político contra Martínez, para poder iniciar el trámite de una nueva solicitud de juicio ya sea contra Andrés Isch o en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, si las solicitudes de interpelación cumplen con los requisitos.

Una disposición aplicada a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobada por la Asamblea y vigente desde diciembre pasado, determina que si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el Consejo de Administración Legislativa remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la comisión.

Por lo tanto, la Comisión de Fiscalización podrá tramitar un juicio político a la vez, evacuarlo el que está en curso y luego conocer una nueva solicitud de interpelación.

Nota Original: El Universo – LINK