La metida de mano en la justicia ecuatoriana es un tema que todavía se debate tras bastidores, y aunque son varios los casos donde se podría probar esa teoría, desde los distintos poderes del Estado se asegura la independencia y el respeto para todas las funciones del poder. Sin embargo, los hechos que rondan en la esfera pública dejan en entrevisto una posible manipulación del sistema judicial con fines políticos y que permiten que la corrupción prevalezca en el país.

En Más Allá de los Hechos, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, lamentó que en Ecuador no solo se ha metido la mano en la justicia, sino que «hasta los pies, pero lo que nunca se ha puesto es el hombro», para trabajar en favor de este poder del Estado. Recordó que previo a su suspensión del cargo, por supuesta manifiesta negligencia, había advertido a la opinión pública que aquello iba a suceder. Con ello, «ha quedado evidenciado a todas luces la metida de mano a la justicia», recalcó.

Saquicela, que en días pasados se reincorporó a su cargo por decisión del Pleno de la Corte Nacional, lamentó que su caso se configure como uno de los «más oscuros y tristes de la vida republicana de la justicia en Ecuador», debido a las irregularidades que giraron en torno al mismo. Los ocultos intereses que motivaron su suspensión habrían pretendido removerlo del cargo con segundas intenciones, pues la denuncia en su contra se presentó fuera de horarios laborales, y en menos de 24 horas ya estaba listo el informe jurídico que recomendaba su suspensión por 90 días.

Saquicela expresó su deseo de que la denuncia presentada por Álex Guamán, que fue la motivación para llevar adelante el proceso en su contra, sea investigada a profundidad. Esto debido a que Guamán no tiene competencias en el caso de extradición de Correa, y la querella presentada fue sustanciada sin reconocimiento, algo que está prohibido por la ley. Tampoco se presentaron los respaldos de la información en cuestión, algo que se aseguró estaba incluido por parte del denunciante.

Otra de las arbitrariedades que evidenciarían la ilegalidad del proceso es que, de acuerdo a la Constitución, el pleno del Consejo de la Judicatura debe estar conformado por 5 miembros, de los cuales solo se encontraban presentes 2 de forma presencial. El reglamento expresa que deben estar de forma presencial mínimo 3 vocales. Todas estas irregularidades, a decir de Saquicela, responden al rechazo a la terna que envió para el Consejo de la Judicatura. «Cumplí mi deber y eso no les gustó», añadió.

Con todos estos antecedentes, Saquicela enfatizó en que «hay que pensar en una reforma de la función judicial», pues la falta de celeridad en procesos se debe también a temas tan básicos como la dotación de papel bond para las cortes del país para poder realizar las notificaciones. La reforma que plantea debe apuntar justamente a la modernización del sistema para garantizar eficiencia y transparencia. Consideró que le decisión unánime del pleno de la Corte marca un precedente positivo e histórico de defender la independencia judicial y la institucionalidad.

«Xavier Muñoz está operando», dice Juan José Morillo en un audio que fue filtrado, asegurando que el vocal de la Judicatura está repartiendo cargos en notarías y juzgados. A esto, Saquicela recordó que Morillo se está refiriendo a aspectos que no son de su competencia y que dejan clara la intromisión en el poder legislativo y judicial. Ante esta polémica, señaló que los involucrados deberán responder por sus palabras y reiteró que pronunciamientos como estos ponen en evidencia la pretensión de meter la mano en la justicia.

Por su parte, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, expresó que cualquier forma de intromisión en la justicia debe ser rechazada, pues se buscan intereses particulares que dan paso a que el crimen organizado y la corrupción continúen operando y fortaleciéndose en el país.

Rodas manifestó que con los audios filtrados que involucran a los vocales de la Judicatura, solo demuestran que quienes deberían encargarse del control y la administración de justicia, están ocupados en otros asuntos. «Si ellos actúan así, pónganse a pensar en los jueces que están supeditados a las presiones políticas, como el que liberó al exvicepresidente Glas», expresó.

De su lado, Luis Muñoz Pasquel, expresidente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), reconoció que la función judicial atraviesa por una grave crisis, donde varias denuncias que han sido presentadas por diferentes organismos han quedado en el papel, «porque no les interesa lo que pasa (…) y se han olvidado que el poder judicial es el único custodio de la democracia».

Muñoz recordó que presentaron una denuncia penal en contra de dos de los vocales de la Judicatura, pues las grabaciones que ya son de dominio público demuestran que se buscan cometer actos que van en contra de la ley. Aseguró que casos como el de Iván Saquicela se repiten de manera reiterada en el país, pero lo que sucedió fue que con él «se quitó la venda que tienen algunos para no darse cuenta de lo que está sucediendo en la justicia». «El poder judicial es un acto de piratería del Ejecutivo y el Legislativo, que lo tienen tomado por el cuello», reiteró.

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