“Somos estudiantes y no terroristas”, “libertad, libertad a los nuestros por luchar”, coreaba una veintena de personas, al ritmo de un sanjuanito entonado con guitarras de madera, la flauta de Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi (MICC), y las palmas de Jaime Vargas, presidente de la Conaie.
Reunidos en los exteriores del Centro para adolescentes infractores Virgilio Guerrero, en el norte de Quito, la noche del jueves 31 de octubre, amigos, familiares y dirigentes celebraron la noticia de la liberación de seis adolescentes que permanecían en internamiento desde el sábado 12 de octubre, tras su “detención arbitraria” (según la Justicia), por los hechos registrados ese día en el edificio de la Contraloría.
El sábado 12 de octubre se registró un ataque a las instalaciones de esa entidad, frente al parque El Arbolito, punto de encuentro del levantamiento del movimiento indígena en Quito entre el 7 y el 13 de octubre.
Un incendio se registró en el lugar, en medio de manifestaciones contra el Decreto 883 (derogado el 14 de octubre por el Gobierno de Ecuador), por el cual se elevó durante 12 días el precio del diésel y la gasolina extra.
A través de un recurso de hábeas corpus, y con intervención de la Defensoría Pública, los deis adolescentes recuperaron su libertad. “La Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha declaró la vulneración al derecho a la libertad física y psíquica, debido a una detención arbitraria”, informó la Defensoría Pública, la noche del jueves 31, tras la Acción de Garantías Jurisdiccionales de Hábeas Corpus que se realizó a las 16:00.
Sin embargo, el proceso investigativo en contra de los seis adolescentes continuará. Ellos se defenderán en libertad. Luis Altamirano, especialista en materia de justicia juvenil, será su defensor público, dijo la entidad.
En los exteriores del Virgilio Guerrero hubo flores, ortiga, velas encendidas y música para recibir a los menores edad, oriundos de provincias como Imbabura y Chimborazo, en un ambiente festivo.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
