La designación de Roberto Romero como nuevo Superintendente de Compañías genera una nueva disputa entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y la Asamblea Nacional. En Notimundo A La Carta, Francisco Bravo, vocal del Cpccs, señaló que esta resolución ya fue notificada al Legislativo para que se cumpla con la posesión.

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Bravo aseguró que los asambleístas tienen que acatar las disposiciones de autoridad legítima competente. Esto, tras el anuncio del presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, quien anunció que la Asamblea no reconocerá “ningún acto o resolución de funcionarios destituidos ilegítimos, ilegales e ilícitos”.

Frente a esto, Bravo respondió “los asambleístas están equivocados, ellos no ejercen ninguna monarquía o supremacía por encima de la Constitución para no cumplir” lo resuelto y agregó que el Parlamento “atenta permanentemente contra la institucionalidad del Estado” al recordar que los problemas del país se deben, en gran parte, a esta función del Estado.

Además, Bravo defendió su restitución al cargo debido a la acción de protección que presentaron los vocales de mayoría ante un juez de La Concordia, quien suspendió los efectos de la sesión de la Asamblea en la que se los removió.

Finalmente, denunció que hay algunos asambleístas que están interesados en apoderarse  del Cpccs como aquellos del Partido Social Cristiano (PSC) y de Unes con el objetivo de “nombrar Contralores de bolsillo”, según dijo.

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