Luego de que el INEC no tomara en cuenta a alrededor de 800 mil personas en el Censo poblacional de 2022, la Asamblea Nacional anunció que fiscalizará el proceso. En NotiMundo Estelar, el asambleísta por Suma, César Umajinga, señaló que los funcionarios a cargo de este procedimiento deben ser juzgados.

Créditos: Asamblea

De acuerdo con el asambleísta, el censo 2022 no tiene veracidad, ni ha sido contrastado anteriormente, debido al decrecimiento de la población afrodescendiente e indígena. Señaló que se necesita una planificación técnica para establecer cifras apegadas a la realidad.

Umajinga destacó la importancia de realizar un censo con parámetros estrictos para el cálculo de presupuestos e inversiones efectuadas por los gobiernos locales y seccionales.

El asambleísta detalló que se fiscalizará el censo y posteriormente, se remitirá a la Contraloría para determinar responsabilidad de funcionarios en el proceso. A su criterio, podría existir, incluso, una alteración de datos.

“En este censo tienen que ser juzgados funcionarios que han estado al frente de este trabajo”, dijo.

Luego del anuncio de la Asamblea, el presidente Henry Kronfle deberá remitir un informe a cada una de las comisiones especializadas para continuar con la investigación técnica sobre el censo.

Escucha la entrevista completa