Suárez lamentó que, una vez más, se usen las garantías jurisdiccionales para la pugna política entre dos poderes del Estado, como ya ha sucedido en otras ocasiones, para beneficiar a procesados o sentenciados por la justicia. Recordó que entre quienes han mal utilizado estos recursos está la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
Recordó que en el momento que se propuso el juicio político en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y, Andrea Montalvo, extitular de la Secretaría de Educación Superior, algunos asambleístas apoyaron la propuesta, por distintos fines «o conveniencias políticas». Sin embargo, posteriormente retiraron sus firmas de apoyo, dando paso a que la Comisión de Fiscalización archive los mismos.
«Lamentablemente, ha habido actuaciones arbitrarias también por parte de la Asamblea Nacional, sin embargo, sí es cuestionable la utilización de las garantías jurisdiccionales en este proceso», apuntó Suárez.
Asimismo, adelantó que habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), pues el secretario general de la Legislatura, Alejandro Muñoz, recordó que existe una sentencia del organismo, que precisa que la justicia constitucional no puede ser usada para resolver temas políticos.
En este sentido, el abogado explicó que la CC no ha limitado el que se presenten garantías en contra de procedimientos políticos como tal, e insistió en que otro escenario de vulneración se daría con el incumplimiento de la sentencia del juez de Quitumbe, que dio paso a la reactivación de los procesos de fiscalización que fueron archivados previamente.
«La disposición del juez podemos debatirla, pero la solución es que la Asamblea presente un recurso de apelación ante la Corte provincial; pero salir a decir que no se va a cumplir, es algo realmente grave y profundiza el mal momento que están viviendo las garantías jurisdiccionales», apuntó.
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