En NotiMundo A La Carta, Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó que la CC tiene la atribución de destituir a autoridades de control que incumplan con sus sentencias y dictámenes, en este caso, a los consejeros del CPCCS. En este sentido, indicó que la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado debería ser la principal razón y sustento de los jueces de la CC para proceder a la destitución por incumplimiento de dictamen.
Muñoz recordó que el Consejo de Participación Transitorio fue blindado en sus actuaciones para que estas no puedan ser revisables por los Consejos posteriores a tal punto que ningún tipo de decisión puede ser cuestionada, “estemos o no de acuerdo», pero se trata de un dictamen que hay que cumplirlo.
Durante el desarrollo de la diligencia, el abogado de Alembert Vera, Lyonel Calderón, inició su intervención advirtiendo a los jueces de la Corte que ellos no pueden destituir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para Muñoz, esta declaración es equivocada. Explicó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que autoridades de carácter administrativo no podrían tener la facultad de destitución de una autoridad electa en las urnas. Esto, según dijo, no aplica a lo que sucede en este caso, porque la CC no tiene el carácter de ser un órgano administrativo.
“La Corte, para mantener su criterio y para hacer cumplir la Constitución y la ley, principalmente sus dictámenes, tendría que proceder a la destitución de los miembros que desacataron el dictamen del Consejo de Participación Ciudadana”, precisó.
Por esta razón, ratificó que es atribución de la Corte destituir a las autoridades de control que incumplan con sus sentencias y dictámenes de la Constitución. “Es una facultad establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, explicó.
.@gonzalomunozh: «La Corte, para mantener su criterio y para hacer cumplir la Constitución y la ley, tendría que proceder a la destitución de los miembros que desacataron el dictamen del Consejo de Participación Ciudadana».
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— NotiMundo (@notimundoec) September 25, 2023
Agregó que la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado debería ser la principal razón y sustento de los jueces de la CC para proceder a la destitución por incumplimiento de dictamen.
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