En este sentido, Guerrero comentó que la prisión es una medida necesaria y no es prudente su eliminación de la normativa legal vigente porque a través de la misma se garantiza la manutención de los menores de edad. «Este es un país en el que históricamente las madres han llevado la carga de la crianza y manutención de sus hijos y por ello es necesaria las medidas de apremio”, expresó.
La jurista afirmó, además, que desde enero a septiembre de 2016 se registraron 41 000 demandas por alimentos en todo el país, y ello, argumentó, quiere decir que los padres no cumplen con su deben de proporcionar el bienestar a sus hijos. “Así es cuesta arriba para las mujeres. Incluso desde que ponen la demanda no hay como citarlos y las causas duran meses, tiempo en el que el menor no recibe los recursos para alimentación, educación y vestimenta”, añadió.
De su lado, Zaidán afirmó que la prisión es un mecanismo inefectivo porque no cumple con el test de proporcionalidad en materia de Derechos Humanos, y no permite conseguir el fin que persigue. En este caso, dijo, asegurar el pago de pensiones alimenticias. “Un padre que está privado de su libertad no tiene la posibilidad de generar recursos y hasta puede perder su trabajo. Es una medida coercitiva para ejercer presión”, dijo.
Asimismo, enfatizó que hay mecanismos menos gravosos para garantizar las pensiones alimenticias para los menores. Entre ellos, destacó, el embargo de bienes y la participación de los obligados subsidiarios (padres del deudor). “Hay un montón de padres que se conforman con visitar a sus hijos el fin de semana y otros que quieren involucrarse en el cuidado diario. La clave en temas de niñez es resolver caso por caso”, concluyó.
