Marcela Estrella, exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), señaló que los análisis que se hicieron a las cuentas para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, luego del terremoto de 2016, no eran las mismas, ni siquiera en las propias entidades gubernamentales.

Marcela Estrella, abogada penalista que defendió al guardia detenido. Foto: NotiMundo

En Más Allá de los Hechos, Marcela Estrella, exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), recordó que luego del terremoto de 2016 en Ecuador se dispuso iniciar investigaciones para conocer las acciones estatales en cuanto a los ejes de emergencia, reconstrucción y reactivación. Sin embargo, poco después del suceso, empezaron a aparecer las primeras irregularidades, huellas imborrables de la corrupción.

Estrella aseguró que en el análisis de los contratos en torno a la reconstrucción, las cuentas no eran homogéneas, ni siquiera entre las mismas entidades estatales. Tal es así que, entre 2016 y 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas reportó contar con USD 1.573 millones de depósitos en efectivo, mientras que el Servicio de Rentas Internas (SRI) hablaba de USD 1.541 millones.

Ese fue el inicio de la sospecha de las irregularidades que giraban en torno al manejo del dinero, que principalmente debía servir para que los afectados por el terremoto pudieran volver a flote.

Esas denuncias fueron presentadas en su momento ante la Fiscalía General del Estado, pero nunca se hicieron grandes avances para frenar el desvío de fondos o establecer responsabilidades a los involucrados.

“Esto tiene nombre y apellido, no hay que olvidar quienes abusaron de los recursos públicos del país”, sentenció, al tiempo que manifestó su preocupación por los deficientes avances que han tenido las investigaciones respecto al tema.

En este sentido, recordó que solo dos días antes de dejar el poder, el exvicepresidente Jorge Glas aprobó cerca de 600 contratos por un valor de USD 2.900 millones en obras «que no se ven».

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