Si el tribunal niega el caso, representará la última parada para una compañía que ha estado luchando contra una citación emitida el año pasado por un jurado investigador federal en Washington.
Durante meses, el caso ha sido uno de los secretos mejor vigilados y guardados entre los trabajos del fiscal especial, Robert Mueller. La compañía, que se llama a sí misma una agencia de propiedad absoluta de un Estado extranjero sin nombre, luchó contra la citación argumentando que era inmune bajo una ley federal llamada Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que limita dicha acción fiscal.
También dijo que cumplir con la solicitud de documentos violaría las propias leyes del país. El caso era tan secreto que en un momento dado, la seguridad de la Corte tomó la decisión, casi sin precedentes, de vaciar todo un piso de un juzgado en Washington para mantener en secreto las identidades de los abogados que argumentan el caso.
Inicialmente, en las presentaciones de la Corte se tacharon los nombres de los abogados que representan a la compañía y que la oficina del fiscal especial estaba involucrada, pero ambos son ahora públicamente conocidos.
Un tribunal de primera instancia falló en contra de la compañía que sostenía que la solicitud se encontraba dentro de la llamada excepción de “actividades comerciales” en la ley, y el tribunal impuso una sanción de USD 50.000 dólares por día hasta que la compañía cumpliera. Esas multas comenzaron a acumularse hace más de dos meses, el 15 de enero. La decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito del Circuito del Distrito de Columbia.
Ese tribunal sostuvo que si prevaleciera la opinión de la compañía, “una empresa puramente comercial y de propiedad soberana extranjera, que opera dentro de Estados Unidos, podría violar de manera flagrante las leyes penales y el Gobierno de Estados Unidos sería impotente para responder, salvo a través de la presión diplomática”.
En enero, en una petición de emergencia, la compañía solicitó a la Corte Suprema que congelara las sanciones mientras la compañía preparaba su apelación, pero los jueces, sin disentir, se negaron a hacerlo.
En los informes presentados ante la Corte Suprema, Brian D. Boone y Edward T. Kang, los abogados de Alston & Bird, quienes finalmente fueron revelados como los abogados de la compañía, dijeron a los jueces que si la opinión del tribunal inferior no se revirtió, la sentencia “crearía el caos en la comunidad internacional: posiblemente alienar a los aliados estadounidenses, socavar la diplomacia y casi garantizar que las agencias e instrumentos estadounidenses enfrentarán (a pesar de sus protestas) procesos penales en el extranjero “.
El fiscal general, Noel Francisco, sin embargo, respondió que la Corte Suprema debería permitir que las opiniones de los tribunales inferiores sean firmes porque no había una “necesidad urgente de que esta Corte intervenga en ausencia de conflicto”.
Fuente: CNN En Español – Nota Original: LINK
