El pasado 22 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos entre los años 2001 a 2016.
Ese informe dejó en evidencia que la corrupción en la región sigue más vigente que nunca y frena el desarrollo en la región. Esto, porque ha implicado a exvicepresidentes, presidentes y líderes latinoamericanos y ha despertado la indignación popular ante los escándalos en calles de Perú, República Dominicana y Panamá.
Estas prácticas de Odebrecht aparecieron al inicio en Brasil, y luego se extendieron lejos de sus fronteras. En esta nación los sobornos llegaron a 349 millones de dólares y se habrían repartido entre miembros del gobierno, partidos políticos y ejecutivos y empleados de Petrobras, entre el 2003 y 2016.
La confesión de la empresa se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.
En Perú, donde los sobornos llegan a 29 millones de dólares, la Fiscalía anticorrupción solicitó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006, y la situación judicial del expresidente Ollanta Humala se enmarañó también tras la revelación del diario Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado 3 millones de dólares a su campaña presidencial.
Mientras tanto, en Colombia la Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por el exsenador del Partido Liberal Otto Bula, detenido a principios de año, habría terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. En este país los sobornos ascenderían a 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
En Venezuela y República Dominicana, los esos pagos ilegales llegan a 98 millones de dólares entre 2006 y 2015, y 92 millones de dólares, respectivamente, según el Departamento de Estado de EE.UU.
El gobierno presidido por Danilo Medina aseguró que actuaría con toda responsabilidad contra los involucrados, y la Procuraduría General de la República (PGR) ya abrió un proceso formal el 26 contra la compañía y sus representantes en el país.
Asimismo, en Panamá, El escándalo de Odebrecht salpicó a otro mandatario latinoamericano: el presidente panameño, Juan Carlos Varela, que fue acusado de haber recibido “donaciones” de la constructora brasileña, lo que negó tajantemente. Los sobornos llegarían a 59 millones de dólares.
En Argentina, la investigación estadounidense determinó que entre 2007 y 2014, durante el Gobierno de Cristina Fernández, Odebrecht pagó más de 35 millones de dólares, y en Ecuador la investigación asegura que entre 2007 y 2016, Odebrecht hizo pagos por valor de más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
Ante esta situación, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, participó en una reunión técnica de Fiscales y Procuradores Generales de países que solicitaron la Asistencia Penal de Brasil sobre el caso Odebrecht.
La participación del Fiscal General ecuatoriano en la reunión de Brasilia es parte de las gestiones que se impulsan dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht.
Además, el pasado 1 de febrero, Galo Chiriboga, junto con un equipo de la Fiscalía ecuatoriana, se reunió con Bruce Swartz, fiscal general adjunto y más autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington.
Tras este encuentro, Ecuador y Estados Unidos lograron un acuerdo de investigación conjunta, que es impulsada por Wilson Toainga, fiscal del caso Odebrecht en Ecuador, y 26 funcionarios ecuatorianos más, además de 12 estadounidenses.
