La decisión del Gobierno se adoptó por considerar que esta actividad ilegal tiene vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas. En Notimundo A La Carta, María Eulalia Silva, presidenta del Cámara de Minería del Ecuador (CME), aplaudió esta decisión y aseguró que “los recursos del subsuelo pertenecen a todos los ecuatorianos” por lo que tienen que ser extraídos de manera formal y responsable.

Foto: Napo Ama la Vida

Silva destacó que la industria minera legal es la “gran responsable” de que la provincia de Zamora Chinchipe reduzca en 13 puntos el índice de pobreza,  ya que alberga dos de las minas a gran escala nacional, lo que representa un elemento positivo para el país. Además de incrementar el número de plazas de empleo, la actividad se realiza de manera responsable, precisó.

La presidenta del CME reconoció que hace un año y medio, las denuncias de actividades extractivas ilegales “eran muy esporádicas”. Sin embargo, ahora “son el pan de cada día”, incluso se ejecutan operativos “a plena luz del día”, y cada vez incrementan su presencia en el territorio nacional, por lo que resaltó la importancia de extraer recursos de una manera formal y controlable para que se conviertan en oportunidades de empleo e ingreso económico para el Estado.

Por otro lado, para José Moreno, coordinador de los colectivos sociales de Napo, la minería legal también representa una amenaza para el ecosistema amazónico y sus comunidades porque estas concesiones no han realizado la consulta previa de extracción de recursos ni una consulta ambiental. Moreno criticó la industria formal porque trabajarían en conjunto con operadores mineros ilegales de otras provincias, permitiendo el ingreso a las concesiones legales.


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