En Notimundo A La Carta, Mery Tadeo Gonzalón, directora nacional de Protección de los Derechos de las Personas Trabajadoras y Jubiladas de la Defensoría del Pueblo, aseguró que “los informes concluyeron que la empresa Furukawa había vulnerado los derechos humanos de las personas que trabajan en este lugar”.
“En el año 2018, la Defensoría del Pueblo tras conocer la situación que estaban pasando las personas que vivían en las haciendas Furukawa, realizó varias visitas a la plantación de la empresa”, aseguró.
Aproximadamente, 1.244 personas han sido establecidas como víctimas por labores de esclavización y servidumbre de gleba por parte de la empresa japonesa. “Esta empresa se encuentra en Ecuador por aproximadamente 60 años, beneficiándose del trabajo de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, manifestó. Para Tadeo, esto también es una prueba de que se está retomando acciones de la colonización y viendo a las personas como un instrumento.
.#MeryTadeo: «Esta empresa (#Furukawa) se encuentra en #Ecuador por aproximadamente 60 años, beneficiándose del trabajo de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad». pic.twitter.com/C6BrMCK65u
— NotiMundo (@notimundoec) November 5, 2021
La funcionaria reveló que en esta hacienda han trabajado personas desde los 8 años. Explicó que esta empresa trabajaba bajo ‘servidura de gleba’. Una modalidad de empleo, en el cual, los trabajadores deben entregar un cierto número de producción y para cumplir con esta condición las personas involucran a toda su familia.
Recordó que el Gobierno de Ecuador entregó un reconocimiento a la empresa Furukawa por su trabajo en el país, sin tomar en consideración la situación en la que trabajaban y vivían las personas.
Aseguró que no existe un vacío legal, porque, el Código de Trabajo establece que las personas deben estar afiliadas al Seguro Social y también instituye las condiciones de salud con las que deben contar.
Lamentó que la Corte Provincial de Santo Domingo, redujo la protección que deben tener los derechos humanos de las personas en el Ecuador. Ya que, la sentencia, limita la responsabilidad estatal. Agregó que la Defensoría del Pueblo busca que en la nueva acción, el Estado ecuatoriano reconozca las omisiones que ha tenido.
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