Aguirre precisó que algunos temas que establecía el Código de Ética, como la necesidad de que las autoridades comuniquen sus agendas, ya están normados por la Ley Orgánica de Transparencia y Gestión de Datos, que establece que esto debe ser una práctica común.
Consideró que, si una obligación determinada ya está establecida en la Ley, no afectaría el comportamiento de los funcionarios de la administración pública. «Jurídicamente no se pierde nada, porque esta obligación ya viene dada por las normas constitucionales», precisó.
No obstante, consideró que sí debería existir un pronunciamiento por parte del Presidente de la República para señalar cuáles fueron los argumentos para derogar el decreto ejecutivo que suscribió el pasado 19 de diciembre de 2023, al inicio de su mandato. «Creo que estos cambios que el Presidente ha tratado de mantener como un Gobierno transparente y que responde a la gente, deberían tener una explicación», sentenció.
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