La entidad informó de la diligencia mediante una publicación en Twitter alrededor de las 10:30 del 13 de diciembre, sin embargo, una hora después la información fue borrada.
El contrato investigado es el «II Congreso de jóvenes innovadores y emprendedores: emprende futuro» adjudicado por $32.000 en el periodo entre 2017 y diciembre de 2021. Además, indicó que el impulso fiscal responde a un informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría General del Estado y remitido a la entidad.
Esta indagación a la administración de Morales se suma a las emprendidas por la Fiscalía General del Estado en 2020 por el presunto delito de tráfico de influencias y peculado en el Gobierno Provincial. Indagaciones de las que fue excluido tras su muerte en junio de 2020.
Otras de las personas cercanas al exfuncionario que fueron señaladas por la entidad son su esposa, Sandra Arcos, y sus hijastros. Sin embargo, en noviembre de 2020, la Fiscalía se abstuvo de acusarlos por no encontrar pruebas contra ellos para que respondan por los presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado.
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