Tras la decisión de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado (FGE) envió la notificación respectiva al exdictador panameño, Manuel Antonio Noriega. Lo hace como parte del caso por la muerte de Arturo Jarrín, judicializado por detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, en el contexto de delito de lesa humanidad.

El Ciudadano

De acuerdo a la versión de un testigo protegido de la Fiscalía, Noriega fue quien habría ordenado la detención en Panamá de Jarrín, exdirigente del movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC), para posteriormente entregarlo a las autoridades ecuatorianas. Finalmente, agentes policiales nacionales lo habrían torturado y ejecutado en el sector de Carcelén, al norte de Quito, en 1986, cuando gobernaba el país el dirigente socialcristiano León Febres Cordero.

El fiscal General, Galo Chiriboga, impulsa la investigación dentro de este caso que se mantuvo en la impunidad durante 30 años. El pasado 28 de abril, Chiriboga presentó cargos contra 13 personas y el 27 de julio, el funcionario también vinculó a Noriega y a otras cuatro personas. El ex ‘hombre fuerte’ de Panamá guarda prisión en ese país desde 2011, por casos de violación de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico.