Según la Fiscalía, en estas llamadas, los procesados disponían a la gente salir a las protestas, mencionaban que en las manifestaciones “combatirán a policías y militares traidores” y que a cambio recibirán “un regalo generoso” . Cuando el magistrado emitió su resolución dijo que “en las escuchas, la Fiscalía determinó que trataron de subvertir al pueblo ecuatoriano”.
En las investigaciones también se detectó que durante el estado de excepción, los procesados aparentemente realizaban encuentros en la Prefectura de Pichincha.
La Fiscalía tiene 90 días para investigar un presunto financiamiento para cometer actos vandálicos durante los 11 días de protestas en el país.
Tras la diligencia, el abogado de Pabón, Ramiro Aguilar, indicó que se trata de una persecución política y que por eso el fiscal no tiene los suficientes indicios para demostrar que su cliente cometió ese delito y aseguró que solo presentó ante el magistrado chats de Whatsapp, sobre “conversaciones de carácter político”. “No se puede comprobar una rebelión a través de mensajes de una red social”, indicó.
La Fiscalía presentó este martes ante el magistrado las evidencias incautadas durante ocho allanamientos a los domicilios de los procesados, que la Policía realizó la madrugada del lunes 14 de octubre.
Fuente: El Comercio, nota original aquí: LINK
