En segundo debate, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, con 75 votos a favor. En NotiMundo A La Carta, Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, cuestionó esta decisión del Legislativo y aseguró que se trata de una estocada en contra del Estado porque “se pretende penalizar la opinión”.

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La presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, observó algunos artículos de la Ley aprobada por el Legislativo. Por ejemplo, explicó que, en el 11 y 12 que tratan sobre la responsabilidad ulterior de los medios y de los periodistas, cuando exista algún comentario o contenido que no sea veráz, se incorpora una frase que señala que existirá una sanción “sin perjuicio de las acciones civiles o cualquiera de otra índole”. “Este artículo es muy abierto para que si se aplica esta norma se pueda sancionar penalmente a cualquier periodista por su opinión”, rasaltó Cruz.

Otro apartado que criticó Cruz, es el que tiene que ver con las competencias de la Defensoría del Pueblo. En este artículo se establece que esta institución será la encargada de controlar a los medios de comunicación. “Es decir, quieren pasar de una Defensoría del Pueblo a una Defensoría de la gillontina o de una ley mordaza”, enfatizó Jeannine Cruz y agregó que también se busca que el Consejo de Comunicación deje de ser un ente autónomo.

Cruz detalló, además, que el artículo 5 y el 17 son “atentatorios” y los más parecidos a la Ley de Comunicación que estuvo vigente durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa. El primero, establece que el Consejo de Comunicación imponga mecanismos y regamentos para controlarle a los medios de la existencia de los códigos deontológicos. Mientras que, el 17, determina que el Estado sea el que diga qué noticia es verdadera o cuál es falsa.

Asimismo, recalcó que en esta normativa se legaliza la existencia de medios gubernamentales con el objetivo de poder difundir las acciones de los funcionarios públicos.

Finalmente, indicó que frente a esta “Ley mordaza”, la salida que tiene el Eejecutivo es el veto total y, duante lo que queda del año, trabajar en un reglamento con la ley aprobada en 2019. Lo aprobado, “es una ley que no solo afecta a los medios de comunicación y al trabajo periodístico, sino a todo el Ecuador”, mencionó.

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