La Asamblea Nacional tiene un frente en común: aprobar una norma que ayude a prevenir las agresiones sexuales contra niños y adolescentes en el país.
En esa línea, el Legislativo analizó ayer en primer debate el “Proyecto de Ley de Registro Nacional de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes”.
Es una propuesta que plantea crear una nómina de las personas que fueron sentenciadas por agresiones sexuales, para que no vuelvan a trabajar en entornos donde hay menores de edad.
El informe estuvo a cargo de la Comisión de Justicia. El proyecto fue presentado por la asambleísta María de Lourdes Cuesta.
El documento da cuenta del problema. Según la Fiscalía General, entre 2016 y 2017 se reportaron 9.482 denuncias por abuso. De estas, en 2017, 1.256 quejas correspondieron a abusos a menores de 14 años.
El Ministerio de Educación informó que entre 2008 y octubre de 2017 se contabilizaron 919 denuncias de violencia sexual en planteles. De estos casos, el 51% (469) fue cometido por docentes.
El informe advierte que este proyecto de ley va en armonía con la aprobación de la pregunta 4 en la consulta popular del 4 de febrero de 2018. El 73% de la población ecuatoriana se manifestó a favor de que no prescriban los delitos sexuales contra menores de edad.
“Es nuestro deber crear mecanismos de prevención”, reiteró Cuesta.
¿Cómo se aplicaría esta norma?
Primero, el Consejo de la Judicatura levantará una lista de las personas que tienen sentencia por delitos sexuales. Esa información será entregada al Ministerio del Interior.
Segundo, las instituciones que ofrecen servicios o atención para menores (escuelas, colegios, academias, centros de desarrollo, etc.) exigirán al personal que desea laborar en esas entidades un certificado en donde conste que no cometió ese delito.
Si no han incurrido en esa falta, el interesado pedirá el documento y lo presentará sin problema, pero si se trata de una persona con antecedentes no se postulará.
En el pleno de la Asamblea, 15 legisladores presentaron sus observaciones.
Muchos coincidieron en que este tipo de normas resulta una garantía, especialmente porque el sistema carcelario no tiene rehabilitación efectiva y los violadores pueden reincidir cuando salen en libertad, a decir de Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano.
Franklin Samaniego, asambleísta correísta, advirtió que esta lista tiene que manejarse de manera privada, para que las personas que consten en la nómina puedan encontrar trabajo en otros ámbitos.
El legislador opinó que sería conveniente que se analicen normas conexas, como la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley del Trabajo, la Ley de Educación Intercultural, para la ejecución viable de esta nueva norma.
Cuesta explicó que la ley contempla la obligatoriedad de las instituciones para que pidan el certificado. “Si el colegio no lo pide tendrá sanciones por desacato. Si no se cumple habrá penas administrativas”, reiteró.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK
