Según Ramos, la zona del Chocó Andino, ubicada en el noroccidente de Quito, se mantiene en un riesgo permanente por las actividades mineras que se realizan, pese a que hace un año, el 20 de agosto de 2023, se aprobó -mediante consulta popular- el fin de la explotación minera en esta zona rica en biodiversidad.
Por ello, junto a otras organizaciones ambientalistas, acudieron el martes 20 de agosto a la Corte Constitucional (CC) para exigir que se cumpla lo aprobado en las urnas y se deje de poner en riesgo el medio ambiente y la salud de quienes viven en esta zona.
Recalcó, además, que la ciudadanía ha sido la que se ha mantenido vigilante de que las empresas mineras ya no realicen trabajos en este lugar, pero insistió en la necesidad de reforzar los operativos por parte de las autoridades competentes.
En este sentido, lamentó que el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables no ejecuten controles efectivos y se hagan «de la vista gorda» con este tema. Incluso, denunció Ramos, la ministra Sade Fritschi pretendió realizar una consulta ambiental en la zona del Chocó Andino para favorecer a una empresa minera, sin embargo, por la presión social y mediática, no se concretó.
La urgencia de que se cumpla con lo expresado en las urnas, insistió Ramos, es que se conserve la biodiversidad del Chocó y con ello se protejan los recursos naturales, como el agua del Río Mindo que abastece a los barrios altos de la ciudad de Quito, como la Roldós, Pisulí o la Legarda.
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