Los artesanos de Atahualpa cambiaron la confección de muebles por la de ataúdes. Fue entre marzo y abril, cuando la mortalidad aumentó súbitamente.
En esta parroquia rural de Santa Elena no mueren más de 13 personas al año, pero solo en esos meses 29 habitantes fallecieron por problemas respiratorios.
Ocurrió en la oleada inicial de covid-19, que golpeó a varias localidades costeras. “No hubo velatorios. Apenas se conseguía el cofre eran llevados al cementerio y sepultados en un espacio aparte”, recuerda Francisco Soriano, miembro de la comuna.
En mayo, Soriano se unió a un equipo de investigadores de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), que realizó 673 pruebas rápidas de covid-19 entre la población adulta, de hasta 60 años.
El 45% resultó positivo y una encuesta de determinantes sociales de salud dio pistas del impacto de esta enfermedad en las zonas rurales.
“Encontramos que el hacinamiento y el tener letrinas en el patio trasero, en vez de un sistema cerrado de desagüe, eran factores de riesgo que influían en la seropositividad. La contaminación fecal-oral puede ser significativa”, dice el neurólogo Óscar del Brutto, director del proyecto.
Esta iniciativa surgió hace nueve años para evaluar la incidencia de enfermedades neurológicas y cardiovasculares en una comuna nativa, con baja migración.
La UEES construyó un centro comunitario, que fue el punto de encuentro para rastrear el virus. Con mascarillas y trajes de protección, los técnicos recorrieron parte de esta parroquia de 4 500 habitantes y donde hay 80 talleres de ebanistería.
Ingrid Piguave colaboró con el estudio; ella y dos familiares fueron positivos. Su suegro de 78 años murió. “Tuvo fiebre por un mes. Los hospitales estaban llenos y lo atendimos en casa; incluso conseguimos tanques de oxígeno pero no resistió”.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha confirmado 1 006 casos de covid-19 en Santa Elena. Su hospital básico, el Liborio Panchana, al igual que otro del IESS en Ancón, colapsaron rápidamente. Y aunque el promedio de decesos es de 120 al mes, solo en abril se disparó a 1 092.
Para monitorear el avance del virus, la UEES desarrolló un segundo muestreo en junio entre quienes resultaron negativos al primero.
Del Brutto explica que se detectó 7% de nuevos contagios, con síntomas leves. “Hubo casos interesantes, como el de una adulta mayor que vivía sola. En medio de la pandemia llegó un familiar de Guayaquil a acompañarla y en el segundo muestreo resultó positiva, al igual que la familia que vive detrás de su casa. El factor común fue compartir la letrina”.
Solo el 30% de Atahualpa tiene alcantarillado. El presidente de la parroquia, Christian Soriano, dice que hay un proyecto pendiente en el Municipio para ampliar el servicio, pero podría retrasarse.
Para confirmar el riesgo de contagio por excretas, los técnicos recolectaron muestras de hisopado de letrinas y retretes en 100 casas.
“Pasarán por pruebas de PCR para determinar si existe virus vivo”, explica el director de la investigación, que se publicará en dos revistas científicas de Estados Unidos y Europa. Según el informe Agua, saneamiento e higiene: Medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 36,4% de la población rural del país tiene simultáneamente agua segura, saneamiento básico e insumos para lavado de manos.
Del Brutto asegura que el estudio de Atahualpa puede replicarse en otras poblaciones rurales de la región, seguramente con resultados similares.
Afirma que puede ser la base para mejorar las condiciones sanitarias y prevenir la covid-19 en zonas rurales. La comuna intentó blindarse en la pandemia.
Sus habitantes cerraron la vía principal, que es una ruta alterna para llegar a Salinas, pero no lograron evadir el virus. Se presume que un residente, que era parte del personal sanitario, fue el caso cero.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
