Este 22 de julio, Almeida acudió hasta la delegación de la Contraloría en Guayas para presentar su renuncia “irrevocable” de auditora, que mantuvo durante estos dos últimos años, mientras ejercía con “licencia” como vocal del CPCCS.
Argumentó que había decidido renunciar “hace mucho tiempo, incluso antes de ser elegida consejera”, pero no lo había hecho por “motivos personales”.
“Sin embargo, al ver que quieren deslegitimar un concurso transparente, que requiere elegir un contralor imparcial”, decidió renunciar, señaló Almeida en declaraciones a periodistas en los exteriores de la delegación.
Atribuyó su accionar a que hay actores políticos que “no quieren que elijamos contralor y utilizan alfiles para deslegitimar el proceso”; y aseguró que con ello se notará que “no hay ningún interés en la elección del contralor”.
Esto porque la consejera del CPCCS María Fernanda Rivadeneira, en el contexto de una sesión virtual del 18 de julio último, para aprobar el reglamento para designar al titular de la Contraloría, increpó a Almeida que cuáles eran los intereses que tenía sobre esta designación.
“¿Acaso hay un conflicto de intereses porque quiere elegir a su jefe o el que va a ser su jefe en dos años (cuando concluyan sus funciones en el CPCCS), un contralor a su medida? ¿Acaso hay intereses desde su presidencia para elegir al nuevo contralor del Estado?”, anotó Rivadeneira.
Almeida le respondió: “… He manifestado públicamente mi interés y mi renuncia al cargo”.
En una entrevista con la cadena de televisión Ecuavisa del 20 de julio, la presidenta afirmó que renunciaría “en el momento adecuado” y “no por presiones y para deslegitimar el concurso. Es algo que lo podría hacer, aunque no tengo ningún conflicto de interés”, explicó
Finalmente, dos días después de esta declaración renunció.
Respecto de los avances en la organización del concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al contralor para los próximos cinco años, indicó que se ha reducido en un 40 % el presupuesto que se requiere para el proceso, que se estimaba en $ 400.000.
Según sus análisis, el concurso público que realizó el CPCCS para designar al contralor en el 2017 requirió de $ 600.000, y con esa referencia han hecho una reducción de entre el 35 % y 40 %.
El pleno del Consejo de Participación Ciudadana aún no aprueba el presupuesto para nominar a esta autoridad.
Nota Original: El Universo – LINK
