Benalcázar comentó que la resolución está ahora en manos de la Corte quien debe hacer que se cumpla con la Constitución. Además, indicó que Quimsacocha es un proyecto socio económico donde están involucradas 500 fuentes de trabajo.
A su vez, agregó que la comunidad Victoria de Portete está defendiendo sus derechos, pues hay una relación de 19 años entre las empresas y la comunidad.
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