Molina afirmó que esta decisión del Gobierno sienta un precedente «nefasto» para la democracia ecuatoriana, pues en adelante, cualquier dignatario de elección popular, incluido el Presidente de la República, podría ser suspendido por una subalterna, argumentando un supuesto incumplimiento de funciones.
El jurista dijo que se debe tomar en cuenta que existe una especie de «trampa» en el decreto que disponía a Abad trasladarse de Tel Aviv, en Israel, hacia Ankara, la capital de Turquía. Esto debido a que en la disposición del presidente Daniel Noboa no se establece una fecha límite. «En esos casos es aplicable la Ley del Servicio Público, que da 30 días para el traslado», acotó.
Insistió en que la Constitución es la que determina las causales para la ausencia temporal de quien ejerce la Vicepresidencia; además, esta ausencia temporal solo puede llegar a tres meses. Molina recordó que el único órgano de control y fiscalización de estas autoridades es la Asamblea Nacional y no una subalterna como Ivonne Núñez, ministra de Trabajo.
Adelantó que la suspensión de la medida es reversible, pues de lo contrario el caso podría trasladarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Añadió que, además de las medidas emprendidas, como la accion de protección en contra de Ivonne Núñez y la solicitud a la CIDH de que dicte medidas cautelares, está dispuesto a presentar -a título personal- un amicus curiae como experto en derecho constitucional. «Lo que está pasando es un acto dictatorial», enfatizó.
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