“He podido comprobar que ha habido una enorme irresponsabilidad”, manifestó ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, luego de un recorrido por la planta estatal petrolera.

Un show se realizó en las instalaciones de la Refinería de Esmeraldas

La rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas no fue integral. Se intervino un porcentaje parcial de las unidades y hay riesgo de una suspensión de operaciones, así como un potencial peligro de que ocurran incidentes mayores.

Ese fue el diagnóstico del estado actual de la refinería, descrito ayer por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, durante el recorrido que hizo con el presidente de la República, Lenín Moreno. Pérez reiteró lo que dijo a EL TELÉGRAFO, en una entrevista publicada el lunes pasado, con respecto a que las fallas en la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC por sus siglas en inglés) obligan a realizar paralizaciones programadas que durarán 45 días para solucionar los inconvenientes.

Todavía no existe una fecha de cuándo iniciarán esas actividades ni el costo total al que ascenderían las reparaciones. Se espera que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Contraloría agiliten los trámites correspondientes, pero la intención es hacerlo este mismo año, informó el Ministro. Sin embargo, advirtió que detener las operaciones en la Refinería le costaría al país $ 1,2 millones al día.

Y añadió que hay problemas serios en el almacenamiento de combustibles y de crudo. Afirmó que esto también fue parte de la repotenciación. También aclaró que la paralización de la unidad FCC no pondrá en riesgo el abastecimiento de combustible ni de gas licuado de petróleo para el país.

No obstante, los daños van más allá de la Unidad FCC, considerada el corazón de la refinería. En el diagnóstico se detectaron anomalías en la Unidad Hidrodesulfuradora de Diésel HDS, responsable de reducir el azufre; hay problemas en las plantas de azufre (S y S1); e inconvenientes en la planta para mejorar naftas. Además existe baja confiabilidad en la generación eléctrica.

Fuente: El Telégrafo