Con el objetivo de “establecer incentivos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y los lineamientos e institucionalidad para su aplicación”, el pasado 27 de octubre se aprobó en el Pleno de la Asamblea la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera.
El 18 de noviembre, el Presidente de la República vetó parcialmente el documento con 10 modificaciones, relacionadas con las reformas a cuerpos legales como la Ley de Régimen Tributario Interno y Ley de Salud. Además, incluye un ajuste sobre la remisión de multas e intereses a los pescadores deudores de la Corporación Financiera Nacional, entre otros puntos. La Asamblea tiene 30 días, a partir del veto, para pronunciarse sobre el tema (hasta el 18 de diciembre).
La Ley Orgánica para Asociaciones Público-Privadas establece incentivos específicos para promover, en general, el financiamiento productivo, la inversión nacional y la inversión extranjera. Los principios y lineamientos son la sostenibilidad fiscal, la distribución adecuada de riesgos, el valor por dinero, el respeto a los intereses y derechos de los usuarios, los derechos de la propiedad, y la cobertura e inclusión social.
Para la aprobación de los proyectos se crearía el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, como un órgano colegiado. Entre sus atribuciones están definir los sectores en los que se promoverá el empleo de la modalidad de asociación público-privada; verificar el cumplimiento en lo referente a la utilización del componente nacional, transferencia de tecnología y de contratación de talento humano, etc. Además, deberá aprobar las propuestas, determinar las políticas y lineamientos de aplicación de bienes; conformar equipos técnicos para la evaluación de los proyectos cuando se requiera, entre otros aspectos.
Según el informe de la Comisión legislativa de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, existen proyectos en los que podría participar el sector privado en tres ramas: infraestructura portuaria, infraestructura vial y vivienda social.
La interrogante que surge es si esta ley de alianzas es suficiente para enfrentar el año 2016, con la entereza que se requiere, al saber que tendrá un panorama no muy alentador para la economía ecuatoriana.
La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), en su boletín publicado el pasado 28 de octubre, retoma el informe sobre la situación de la economía ecuatoriana que se publicó tras la visita de los funcionarios del FMI.
En el documento se afirma que “restaurar la confianza del sector privado mejorando el ambiente de negocios va a ser clave, tanto para detener la caída de los depósitos y preservar la dolarización como para mantener un crecimiento saludable en el mediano plazo y reducir la dependencia hacia el petróleo. El deterioro del ambiente de negocios durante la actual administración –provocado por una catarata de reformas tributarias y laborales y por un discurso confrontador hacia el sector privado– ha sido, justamente, la principal queja de los empresarios, cuya incertidumbre se ha traducido en un menor ritmo de inversión”.
Por tanto, asegura el texto, durante los primeros ocho años de gestión del presidente Rafael Correa, la inversión privada ha crecido, en términos reales, a una tasa promedio anual del 1,5 %, muy por debajo del crecimiento en torno al 10 % mostrado durante los primeros años de dolarización. Entre 2007 y 2014, la inversión extranjera directa (IED) que llegó al Ecuador representó, en promedio, el 0,7 % del PIB.
¿Las alianzas público-privadas son el salvavidas para la economía? Santiago Mosquera, jefe de Investigación de Analytica Securities, analiza esta ley que acaba de vetar parcialmente el Ejecutivo. El experto considera que contar con una alianza de este tipo es positivo para cualquier país, y detalla un ejemplo específico para entender mejor lo que implica este proceso.
En América Latina las experiencias han sido positivas, afirma, sin embargo, aclara que estas alianzas no son un proceso nuevo. “Existen muchas experiencias a nivel mundial, lo cual favorece al Ecuador que debería aprender de los errores cometidos por otros para hacerlo bien”.
Uruguay es uno de los últimos países que ha puesto en vigencia este proceso, pues aprobó la ley en 2012. “Si bien suena muy atractivo el proceso, toma tiempo implementarlo y los resultados no son tan grandes como se espera. Este país tomó en cuenta las experiencias de América Latina para incorporar en su legislación. En ese año el Banco Central y el Ministerio de Finanzas publicitaban a nivel mundial proyectos en mente como de carreteras, ejes viales, construcción de hospitales, de cárceles. Y el primero que se ejecutó se firmó en mayo de 2015, por un monto de 82 millones de dólares para la edificación de una cárcel”.
Esto no significa que en Ecuador el proceso tome un tiempo similar. Si bien los proyectos podrían llegar a ejecutarse más rápido, hay que crear la ley, los organismos de control, las instituciones que acompañen al proceso, escoger los proyectos, permisos ambientales, garantías de financiamiento, etc. Además, se debe tomar en cuenta que Ecuador no se encuentra en circunstancias similares a las de Uruguay, en lo referente a calificaciones de riesgo, experiencia en recibir a inversionistas extranjeros; “a pesar de ello, ese país es un sitio caro para hacer negocios”.
Otro inconveniente que se debe tener presente es que en un inicio esta iniciativa tenía ocho artículos y hoy, 30. Esto, ante los ojos de Mosquera, también afecta al proceso: “Considero que mientras más simple es la ley, más fácil es implementarla. Es positiva, considero que es muy tarde, pero puede generar algo de atracción económica a futuro. Se debe esperar para conocer qué es lo que al final se aprueba”.
¿Cuán atractivo puede llegar a ser Ecuador para invertir?
En la publicación del último informe ‘Doing Business’, el Banco Mundial confirma la percepción de los empresarios respecto al ambiente para hacer negocios en el país. Según este informe, el Ecuador ocupa el puesto 117 entre 189 economías analizadas. Los trámites necesarios para iniciar un negocio, el tiempo que las empresas dedican al pago de impuestos, las demoras para importar y exportar o la mala calidad de los procesos judiciales son, según el informe, algunos de los factores que explican la baja posición de Ecuador en el escalafón mundial, liderado por Singapur, Nueva Zelanda y Dinamarca, y en el que México, Chile y Perú están entre los 50 mejor posicionados.
Pero no solo la Ley de Alianzas Público-Privadas es lo único que resta por hacer. Hay aspectos que este Gobierno debería tomar en cuenta. Al hablar con las empresas, afirma Analytica, uno de los temas álgidos son los elevados costos laborales y la poca flexibilidad que hay para contratar y despedir empleados. También sería importante disminuir los valores por el pago de los servicios públicos.
Una oportunidad de la cual se puede aprovechar es el retorno de estudiantes preparados en el exterior que podrían incentivar a la producción con sus nuevas ideas y conocimientos.
Otros ejes de la Ley
• Los proyectos podrán consistir en la construcción, el equipamiento, operación y mantenimiento de una obra pública; la rehabilitación o mejora, y el equipamiento de una obra pública; la construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios, vivienda de interés social y obras de desarrollo urbano; el desarrollo de actividades productivas, de investigación y desarrollo en general en las que participe el Estado directamente, etc.
• Los incentivos se aplicarán en proyectos público-privados que cumplan los siguientes requisitos: que consten en el pliego de bases económicas del proceso de selección del gestor privado, que se hubiesen previsto en el plan económico financiero, que se suscriban en el contrato de gestión, que el proyecto conste en el contrato de gestión delegada para la asociación público-privada.
• Promueve el financiamiento productivo e inversión nacional o extranjera, independientemente del lugar del que provengan los recursos lícitos, nacionales o extranjeros que permitan desarrollar, incrementar o implementar inversiones.
• En el caso de que se sometan las controversias contractuales al arbitraje internacional, este se realizará ante una instancia arbitral regional latinoamericana.
• Propone la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La remisión inmediata del monto total del capital e intereses del Banco Nacional de Fomento, entre otros.
