Las asignaciones que el Estado debe entregar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que conforman los Municipios, Gobiernos Provinciales y Juntas Parroquiales, tienen retrasos. La crisis económica que vive el país también se refleja en este sector.
Retomando un poco lo que pasó a finales de 2015 estas entidades ya sabían, en noviembre pasado, que su asignación iba a ser menor en este nuevo año. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, anunció en esa fecha que para 2016 los montos destinados para los GAD disminuirán un 12 %. Por tanto, la asignación de 2016 se estableció en 2.861,6 millones, a diferencia del 2015 que fue de 3.253 millones.
Según las cifras que maneja la cartera de Estado, estás entidades tienen una participación del 21 % de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado (tributos) y el 10 % de los ingresos no permanentes (petróleo).
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), cuyo director Ejecutivo es Edwin Miño, se pronunció para Notimundo sobre el tema. “Considero, al igual que Gustavo Baroja (Prefecto de Pichincha), que se deben realizar determinados ajustes a los ingresos y gastos de los GAD en función a los problemas de liquidez que se tiene al momento”.
Miño recalca que los gobiernos locales tienen dos fuentes de ingresos para manejar su presupuesto: la autogestión y las transferencias del Gobierno Central. “Las prefecturas dependen muchísimo de las transferencias del Gobierno Central.
Sin embargo, afirma que desde septiembre de 2014 y durante el 2015 el presupuesto del Estado se ha financiado sin perjudicar a los GAD. En el 2016 la afectación será del 12 % (explicado líneas arriba). Miño detalla que por ejemplo a Pastaza se le restará el 7% del presupuesto, y a Santo Domingo el 16,46%, etc., “los valores se calculan técnicamente”.
El Congope recibe desde septiembre pasado las asignaciones correspondientes a modelo territorial, las transferencias de riego y las devoluciones del IVA. “A los GAD provinciales se les adeuda 235 millones de dólares tomando en cuenta febrero y marzo” (CUADRO). Estas entidades han tenido que aplazar obras, lo que preocupa ya que retrasa la economía local.
El Director Ejecutivo de la Congope afirma que a mediados de marzo pasado se mantuvo una reunión con el Ministerio de Finanzas para llegar a una alternativa de cuánto debe y de cómo pagar. “Se acordó que hasta finales de marzo nos iban a desembolsar enero, lo que sí se cumplió, y hasta abril se pondrán al día”.
Además, desde Congope se ha hecho una propuesta a la Asamblea Nacional que consiste en que se revise la devolución del IVA. Al momento, la ley exige que las entidades públicas paguen IVA, cuyo rubro va al SRI. Este a su vez hace una liquidación y devuelve estos valores. Se ha devuelto a la fecha a Sucumbíos, Carchi, y Orellana, por ser provincias fronterizas vulnerables y a Cotopaxi por la emergencia que pasó por el volcán.
La propuesta es, entonces, que estos valores del IVA no se cobren para evitar el proceso burocrático. Sobre el tema aún no hay acuerdo, sin embargo, el Ministerio de Finanzas, a decir de Miño, ha puesto plazos fijos para realizar estas devoluciones.
Otra propuesta fue que las liquidaciones sean trimestrales. Es decir, que cada tres meses el Ministerio de Finanzas se reúna con los GAD y explique cuánto corresponde del presupuesto según la variable de los ingresos permanentes y no permanentes (si los valores aumentan o disminuyen). De esta manera se puede planificar mejor las obras a ejecutar.
Los GAD son evaluados, cuando hay una demanda de incumplimiento de gestión, por el Ministerio de Finanzas, Senplades, Consejo Nacional de Planificación, etc. Por tanto, también se le planteó a la Asamblea que cuando haya estos ajustes presupuestarios mencionados, los organismos de control deben ser más flexibles en las evaluaciones.
El prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, se pronunció el 11 de abril pasado sobre la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. Según indicó, este documento plantea tres objetivos: la posibilidad de que el Gobierno reste recursos a los GAD (disminuyendo el monto de los ingresos permanentes, entre otros). “Es decir, queda a discreción del Gobierno, lo que significa menos obras, menos alcantarillado, menos vías, menos servicios para la población, menos empleo, etc.”
El segundo objetivo, a decir de Carrasco, es promover el uso del dinero electrónico, “en definitiva buscan generarse liquidez porque no cuentan con recursos para desarrollar sus proyectos. Esto trae consigo endeudamiento para los ecuatorianos”. Y el tercero, grava nuevos impuestos, “nos preocupa terriblemente este proceso (impuesto a las gaseosas, bebidas alcohólicas, etc.). Uno de los ingresos importantes para el país viene del turismo, el cual vive de hoteles y restaurantes”.
Por tanto, su propuesta fue determinar qué actividades productivas de valor agregado son importantes en el país y que puedan generar divisas de forma inmediata (turismo). Dos, es necesario diseñar una propuesta para que la producción que genere recursos de forma inmediata sea especificada en cada territorio. “Se debe cambiar la estructura, generar empleo y producción para la población”. Además, se requiere generar barreras arancelarias “inteligentes” para estos productos. “Es necesaria una propuesta de unidad nacional”.
La deuda a la provincia del Azuay, según Carrasco, es de aproximadamente 150 millones de dólares, “incluye Juntas Parroquiales, rubros de educación, salud, universidades, gobiernos parroquiales, municipios, etc. El proyecto del tranvía (a cargo del Municipio de Cuenca) está paralizado, por ejemplo. En la Prefectura hay trabajos viales estancados. Hemos priorizado obras y reducido personal”.
Las alcaldías se pronuncian
El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se ha manifestado en diversas ocasiones sobre los atrasos en las asignaciones municipales. Por ejemplo, el 30 de marzo pasado indicó: “tomamos medidas como las que asumimos, insisto desde el pasado junio, en el Municipio de Quito cuando adoptamos esta resolución de austeridad. Hemos reducido un sin número de gastos innecesarios, lo cual nos ha permitido, entre otras cosas, generar un fondo de emergencia para poder solventar el pago de recursos necesarios, para que las obras fundamentales que estamos llevando adelante no se detengan.”
El 6 de abril, la Alcaldía afirmó haber recibido los recursos atrasados de enero que fueron pagados el 31 de marzo. Sin embargo, con el inicio del nuevo mes la deuda volvió a 70 millones de dólares, lo cual puede generar demoras en la ejecución de obras.
Henry Cucalón, asambleísta del PSC-Madera de Guerrero, liderado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también conversó con Notimundo. A ese Municipio se le debe 44 millones de dólares.
Cucalón dice que “hay dos grandes conceptos que se deben detallar en este tema, uno de fondo y otro coyuntural. El fondo del problema, so pretexto del tema de los retrasos, es que el Gobierno tiene la muletilla de manifestar que los GAD viven y dependen del Gobierno (Primer Mandatario). Las rentas son de las ciudades y lo recauda el Gobierno Central, no es el dueño”.
Los atrasos, que son de dos meses para la municipalidad porteña, “no han entorpecido ninguna obra, porque el modelo de bienestar de Guayaquil liderado por el alcalde Nebot siempre fue previsivo y cauto. Pero no deja de ser una gran preocupación la situación de otros municipios y prefecturas”.
Cucalón indica además que “por qué cuando hace algunos años el petróleo estuvo por encima del presupuesto establecido nunca reformaron la ley y dieron la diferencia sobre lo presupuestado. Hoy sí lo hacen para entregar sobre lo ingresado y no sobre lo presupuestado”.
Hasta el cierre de esta edición Notimundo solicitó una declaración oficial al Ministerio de Finanzas y a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) pero no fue posible obtenerlas. La AME, incluso, manifestó que la entidad solo se encarga de temas técnicos-administrativos. También se solicitó información al Consorcio Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador.
