Los funcionarios subrayaron que las instituciones que dirigen no tienen competencias que les permitan aportar con información en torno a la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, procesado por peculado, quien portaba un grillete electrónico.
También acudió Jorge Costa, director general encargado del Centro de Inteligencia Estratégica. Él indicó que este organismo «no tiene agentes para seguir a personas», sino que se encarga de analizar fenómenos que puedan afectar a la seguridad interna del Estado. «Hemos tenido informaciones de cómo salió y a qué países pudo haberse dirigido», agregó sin proporcionar más detalles.
Robayo mencionó que el Ecu 911 solo presta parte de sus instalaciones para que operadores del Ministerio de Justicia se encarguen de monitorear a quienes por orden de los jueces portan grilletes electrónicos.
Desde la bancada de legisladores correístas, Amapola Naranjo y Marcela Aguiñaga arremetieron en contra de Michelena por haber exhortado a las autoridades judiciales a que dicten medidas cautelares en contra de 31 excolaboradores del anterior Gobierno por supuestos actos de corrupción. Aguiñaga recordó que él también fue parte de ese Régimen.
«Si no denunció actos de corrupción usted debería ser investigado por omisión», le dijo.
«Este gobierno ha hecho un trabajo de unificación de un país que usted polarizó (…). Vaya y averigue en las instituciones correspondientes cuál es el estado de cada una de ellas», replicó Michelena.
Al cabo de las tres horas, por iniciativa de Luis Pachala, legislador de Creo, se aprobó una resolución para que en una nueva sesión el Pleno evalúe las comparecencias y adopte una decisión que podría derivar en un juicio político.
Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, catalogó a las comparecencias como una «pérdida de tiempo» para la Asamblea. Mientras Mae Montaño (exCreo) ironizó que «el único culpable de la fuga de Alvarado parece ser el grillete».
En total fueron ocho quienes comparecieron en las tres sesiones que realizó el Pleno entre el jueves pasado y hoy. Los tres primeros fueron el fiscal General, Paúl Pérez Reina, y el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, con Rosana Alvarado, quien le antecedió en el cargo.
El lunes acudió María Paula Romo, ministra del Interior, y el comandante de la Policía, Nelson Villegas. También fue citada por dos ocasiones Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, pero no llegó a presentar un informe sobre la compra de esos dispositivos electrónicos durante su gestión.
Granda, en su momento, reconoció que más de 240 alertas del grillete de Alvarado no habían sido reportadas por los funcionarios responsables. Los demás deslindaron responsabilidades en el tema.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
