Con 117 votos a favor y cuatro abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Seguridad Integral que aplica temas en relación a seguridad pública, reestructuración del sistema de rehabilitación social y fortalecimiento de la seguridad nacional. El legislador por CREO, Jorge Pinto, señaló que, a pesar de que no fueron acogidas algunas de las sugerencias de la bancada, el bloque votó a favor del proyecto de ley porque representa “un peldaño más” para mitigar la inseguridad.
@JorgePintoD:»Esta ley no es la solución, es un peldaño más para lo que necesita el país precisamente en temas de rehabilitación y en temas de ser radicales en contra de la delincuencia». #LeydeSeguridad
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— NotiMundo (@notimundoec) January 7, 2023
Dentro de este proyecto de ley se tipificó a las denominadas “vacunas” y se endureció la pena de extorsión entre 5 y 7 años, con una multa de 20 a 24 Salarios Básicos Unificados (SBU). En nivel agravado de este delito sube de 7 a 10 años de prisón con una multa de 80 SBU. Asimismo, se modificó las penas en robos, especialmente cuando es cometido con agresión, de 5 a 7 años, y de 7 a 10 años con multas de hasta 80 SBU.
En relación a la rehabilitación social, Pinto enfatizó el tema de “terrorismo” en los centros penitenciarios, en el caso de que los cabecillas de organizaciones delictivas o personas privadas atenten contra la vida de otras personas en amotinamientos, se estableció una pena de hasta 21 años adicionales.
El legislador por CREO criticó la “tibieza”de algunos asambleísta, entre ellos de UNES y Pachakutik, en el proceso de votación de este proyecto de ley tras abstenciones y falta de registro, acciones que ponen en duda al negarse “a endurecer las penas en contra de los delincuentes” lo que perjudica directamente no solo al Estado, sino a los ecuatorianos. Pinto reconoció que esta normativa “no es la solución, es un peldaño más para lo que necesita el país en temas rehabilitación y de ser radicales en contra de la delincuencia», indicó.
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