No obstante, en las últimas semanas grupos políticos y mediáticos han tratado de posicionar como ‘urgente’ un debate en su afán de introducir reformas a la LOC. Uno de esos sectores que impulsa los cambios es el movimiento Centro Democrático -liderado por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala- que entre otras cosas busca restar la capacidad reguladora y de control de la Ley eliminando el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación (Cordicom) y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).
El expresidente de la República, Rafael Correa, en cuyo gobierno se aprobó la LOC tras un plebiscito en el que el pueblo se pronunció mayoritariamente a favor de poner controles a la autodenominada ‘prensa libre e independiente’ ha salido al paso ante esta coyuntura desestabilizadora de la normativa.
“Uno de los principales problemas del mundo es la mala prensa (…) No entienden, no quieren entender, que la información no es una mercancía, es un derecho y la única forma de garantizarlo es que esa información sea absolutamente objetiva, oportuna y veraz, no susceptible de retoques, transformaciones u omisiones”, escribió el mandatario en un artículo de opinión publicado en el diario público El Telégrafo, el pasado 16 de junio.
En su publicación titulada ‘Hablarle a la ciudadanía, no a los medios’, el exmandatario recordó la dura lucha que mantuvo en la década de su gobierno para aprobar y sostener esta ley, en medio de un ambiente de ataques permanentes y desinformación acerca de su gestión.
“¿Por qué las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación están en el top de la agenda política? No porque consta en el programa de Gobierno. No porque es la principal preocupación de la gente. Sencillamente, porque los medios imponen esa agenda. ¿Es eso democracia? Si alguna modificación habría que hacer a la LOC, es endurecer las sanciones y darle capacidad coactiva a la Supercom, para que se acaben tantos abusos de la mala prensa”, subrayó Correa.
La antigua ley de Radiodifusión y Televisión, promulgada mediante decreto supremo en 1975 por la dictadura militar, incluía la posibilidad de clausura de un medio de comunicación y desconocía los medios comunitarios, algo que ya no ocurre en la nueva LOC.
Un informe de Auditoría de Frecuencias de 2009 indica que hasta 2007 la asignación de frecuencias de radio y televisión del espectro radioeléctrico, que es de toda la ciudadanía, estuvo plagada de pagos de favores políticos y corrupción.
La Constitución de Montecristi de 2008 consagra el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. El 7 de mayo de 2011 mediante consulta popular el pueblo aprueba la elaboración de una nueva Ley de Comunicación considerando, entre otras cosas, que es perjudicial que grupos financieros o económicos estén vinculados a los medios de comunicación.
La Carta Magna en su artículo 213 garantiza la no vinculación de los medios con intereses ajenos a la comunicación. Fundamentada en la Constitución y en el masivo pronunciamiento popular, la Asamblea aprobó el 14 de junio de 2013 la LOC que entregó en vigencia el 25 del mismo mes luego de su publicación en el Registro Oficial.
Con la vigencia de este cuerpo legal, por primera vez en Ecuador se promueve la creación de espacios para la interculturalidad, exige un tratamiento adecuado a los temas relacionados con niños y grupos de atención prioritaria, establece normas deontológicas básicas para un ejercicio profesional responsable, promueve la participación ciudadana, determina la democratización de la comunicación e información, así como el derecho a la libertad de expresión, opinión, a recibir información de relevancia pública, garantiza el derecho a la réplica y la rectificación, entre otras garantías.
En cuanto a los trabajadores de la comunicación, la LOC garantiza la protección de los profesionales para el ejercicio de su actividad, sin que exista un solo caso de detención o asesinados relacionado con su trabajo. También otorga justicia laboral, pues se aumentó en un 400% los salarios de los comunicadores al fijar el sueldo mínimo en 817 dólares para los profesionales titulados acompañado de una política de desarrollo profesional, a través de capacitación.
Actualmente existen 2.706 profesionales certificados por competencias laborales a través de un proceso de capacitación que estuvo a cargo del Secap. Además se garantiza a los comunicadores el derecho a la cláusula de conciencia, al secreto profesional, reserva de la fuente, protección en caso de amenaza; y, a ser provistos de recursos y logística para el ejercicio de su función.
Periodistas consultados por esta Agencia, que prefirieron la reserva, coinciden en destacar los beneficios que trajo consigo la ley de comunicación, sobretodo en el aspecto laboral al dignificarse sus salarios.
“Antes nos pagaban con fundas de leche o víveres. Algunos dueños nos obligaban a conseguir publicidad, de lo contrario, no recibíamos ningún pago”, recuerda una radiodifusora guayaquileña con más de 15 años de experiencia.
Otro de los avances de la LOC es la creación de medios públicos y la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico: 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para los comunitarios.
En 2007 existían 1.404 frecuencias en poder del sector privado, 117 en el público y ninguna en el comunitario. En cambio, desde 2008 a 2016 se han incorporado 281 nuevos medios públicos y 61 comunitarios.
No obstante, este esfuerzo de democratizar el espectro ha avanzado lentamente y por ello actualmente el 90% de medios de comunicación del país están en manos privadas, según detalló este jueves Tamara Merizalde, presidenta del Cordicom, durante un acto en la Universidad Técnica de Ambato.
La LOC brinda además un apoyo a la producción nacional destinando de manera progresiva hasta llegar al 60% los espacios de su programación diaria a contenidos de producción ecuatoriana.
“En general vemos que la LOC en lo que está relacionado a la publicidad ayudó mucho a la industria. Fue un motor para generar trabajo y nuevas oportunidades”, destacó Samuel Yánez, docente e investigador, quien participó junto a otros cuatro académicos en la elaboración del informe ‘Ley Publicidad Impacto: Análisis del impacto de la Ley Orgánica de Comunicación en la Publicidad’.
Hugo Sánchez, otro de los investigadores, reconoció los beneficios del artículo 90, que establece la publicación del tiraje en los medios. «Con la ley se transparentó esto», apuntó durante un conversatorio en días pasados en la Universidad Tecnológica Equinoccial, en Quito.
Manuel Pachano, de la Asociación de Agencias de Publicidad, la normativa evita caer en excesos y abusos sobre el uso de la publicidad y protege al consumidor de la comunicación, al tiempo que enfatizó que la ley tiene reconocimiento a nivel internacional.
Para Julio Peña, analista del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) citado por portal oficial El Ciudadano, el logro más importante es haber democratizado el acceso a la comunicación. “Creo que es una Ley que contribuye a responsabilizar a los medios y al sector de la comunicación concerniente a un bien que es la información y la comunicación, ya no cómo una mercancía o un como un producto de lo privado, sino como algo que nos afecta a todos”, sentenció.
Fuente: Agencia Andes
